El caso del diputado Luis Redondo, que durante cuatro años desempeñó la Presidencia del Congreso Nacional en condición de usurpador del cargo, no requiere de una polémica que le conceda una pizca de derecho, porque a la vista de todos quedó grabado la forma grotesca en que fue impuesto en el cargo por una turba de diputados radicales encabezados por el diputado Rasel Tomé, quien encabezó el asalto a la mesa directiva, que minutos antes había sido electa por el pleno integrado por 86 diputados, conforme lo estipula la Constitución de la República. El diputado Luis Redondo fue apoyado por un grupúsculo de radicales violentos de LIBRE, que minutos antes habían sido incitados por la presidente Xiomara Castro, para que desconocieran a la directiva encabezada por el diputado Jorge Cálix, al tiempo que la desalojaran por la fuerza e impusieran en la presidencia del Congreso a Luis Redondo.
Así, en resumen y de manera concisa, se puede contar la triste historia del ascenso ilegal de Luis Redondo a la presidencia del Congreso. En la historia parlamentaria hondureña no se registró antes una arbitrariedad igual o parecida, Honduras nunca había estado bajo un Congreso dirigido por un presidente usurpador, acompañado de una directiva en iguales condiciones. Por lo tanto, el caso de Luis Redondo no puede ser tratado con la tibieza con que la justicia hondureña se conduce aplicando la regularidad de los procedimientos con que actúan ciertos tribunales. El caso de Redondo debe ser ventilado, al ser llevado a las instancias de los tribunales, como debe hacerse, en el campo de lo penal, porque un individuo que se atreve a usurpar cargos importantes amerita el tratamiento criminal.
En doctrina, el delito cometido por Luis Redondo es «usurpación de autoridad», pero, el diputado Redondo no solo usurpó el alto cargo, sino que en el ilegal desempeño realizó una serie de funciones que al proceder de un funcionario usurpador, revistió de ilegalidad todas sus acciones, de manera que todo lo actuado por Redondo fue un verdadero esperpento de ilegalidades. Ilegales fueron todos los nombramientos que emanaron de la junta directiva espuria que presidió Redondo, lo cual es grave, por esto en el mundo del ordenamiento jurídico, Honduras estuvo fuera del Estado de Derecho durante cuatro años. Esta situación desafortunada fue registrada en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de EEUU, donde los actos del Congreso Nacional de Honduras que presidio el usurpador Luis Redondo no tuvieron ninguna validez.
Que desde aquel país no se haya pedido una revisión de la situación ilegal del Congreso de Honduras, no fue porque EEUU quisiera pasar desapercibido el bochornoso capítulo inconstitucional hondureño, sino más bien porque en los altos niveles políticos de Washington prefieren que situaciones como la ocurrida en nuestro país, sean corregidas por los propios ciudadanos en un proceso electoral, como afortunadamente ocurrió el pasado 30 de noviembre. EEUU, a pesar de que se le atribuye una política imperialista, procura siempre alentar que los entuertos políticos cometidos en los países aliados sean objeto de rectificación a través del legítimo procedimiento de las elecciones mediante el voto popular de los ciudadanos. No hay mejor tecnicismo que repare las fallas que ocurren en las democracias que los procesos electorales, sostiene una sentencia muy reconocida en el salón que ocupa la biblioteca del Congreso de EEUU, donde constan todos los acontecimientos que ocurren en el planeta. En esta biblioteca del Congreso se registró como un golpe de gobierno el derrocamiento de Mel Zelaya en 2009.
El caso de Luis Redondo no puede quedar favorecido por la tradicional displicencia que abona a la impunidad; los hechos y acciones de Redondo son graves desde todo punto de vista legal, tanto en lo civil como en lo penal. Redondo violó de manera flagrante la Constitución, al asumir en forma usurpadora la Presidencia del primer poder del Estado que es el Poder Legislativo, donde está depositada la soberanía popular, siendo que los diputados son los representantes del pueblo hondureño. Usurpar la conducción del Congreso Nacional fue una afrenta directa al soberano que es el pueblo hondureño.
Llegado el caso de Luis Redondo a los tribunales, los jueces hondureños deberán resolverlo como un político que demostró no tener escrúpulos, así como no tener un ápice de ética y moral para usurpar la Presidencia del Congreso Nacional, sabiendo que minutos antes el pleno ya se había pronunciado por una junta directiva. Tenemos la certeza de que, en el caso de Luis Redondo no habrá ninguna batalla legal. Sus hechos lo condenan desde el primer momento en que usurpó el cargo, hasta el último día en que se empeñaba en desconocer la declaratoria electoral del CNE. ¡Será un caso de justicia necesaria!
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 26 de mayo de 2026.
