Que el Ministerio Público empiece a citar a los forajidos políticos que se atrevieron a usurpar funciones importantes como son las del Congreso Nacional, apropiándose de cargos directivos a los que solo se puede acceder con el consentimiento del pleno del parlamento hondureño, es un asunto que la sociedad hondureña espera que se haga en cumplimiento de la Constitución de la República y demas leyes del país. Un agravio de tan funestas proporciones, como fue adueñarse de la conducción del Poder Legislativo durante cuatro años, no es un delito diminuto que se puede soslayar y pasar inadvertido por una nación que se hartó de ver como un sector politico que actuaba como una tribu de salvajes, en un arrebato de violencia que sorprendió a una oposición timorata, se paseó en el primer poder del Estado y se defecó en la carta magna, al pisotearla a su grotesca gana de hacerlo.
Esa afrenta plagada de autoritarismo no se puede quedar en la impunidad, sería un precedente tan funesto como aceptar que en Honduras pueden mandar todos aquellos a los que les ronca el placer de zurrarse en la Constitución y morirse de la risa, al ver como los demas sectores politicos, convertidos en un hatajo de cobardes, se refundían en sus curules en el Congreso, mordiéndose las uñas mientras Redondo y su comparsa hacían y deshacían con un desplante propio de los gánsteres que arrinconan a sus rivales, aprovechándose para hacer un festín con los dineros del erario público.
Luis Redondo y su comparsa no se pueden quedar en la impunidad sin recibir la prueba del peso de la ley que se merecen, de manera que, al ser citados por el Ministerio Público, que apenas es el inicio del requerimiento fiscal, deberán atender la citación, porque de no hacerlo a una segunda notificación, quedaran expuestos a recibir una orden de captura que es el siguiente paso de este proceso, cuando las personas se declaran en rebeldía.
Este no es un asunto de persecución, como dicen los diputados de LIBRE, porque se persigue cuando hay objetivos y sentimientos resentidos, aquí de lo que se trata es de hacer justicia, porque las victimas que fuimos todos los hondureños, que resultamos ofendidos y maltratados por una jauría de malvivientes de la política autoritaria, que nos sentimos impotentes durante cuatro años, al ver como Luis Redondo y una comparsa de personajes fraudulentos, retorcían la Constitución y demás leyes, exponiéndonos ante el mundo civilizado como una nación de la era «Trucutú» donde los jefes que mandaban en la tribu lo arreglaban todo a fuerza de golpes y violencia. Esto es asunto de hacer justicia, de la necesidad de castigar a los violadores de la Constitución y demás leyes, que hoy se golpean el pecho autocalificándose como demócratas, una verdadera blasfemia política partiendo de personas injuriosas que en ningún momento actúan en forma democrática, porque los demócratas son reverentes ante la Constitución y demas leyes.
Cuando los diputados de LIBRE (PLR) se pumpunean el pecho al autocalificarse como demócratas lo hacen con la intencionalidad de pedir perdón, pero sin pedir realmente perdón, porque la gente de LIBRE (PLR) profesa la mentira, con un comportamiento hipócrita y cínico, a sabiendas del daño que le causaron a Honduras y a la democracia. Ese falso comportamiento democrático de los diputados y dirigentes de LIBRE (PLR) es muy valorado por las personas de izquierda. Su alianza con el chavismo, su apego con los líderes rusos y su idolatría con China Comunista, los convierte en socios de todos los países autoritarios y totalitarios del mundo, donde odian la democracia.
En todos esos países que hemos mencionado, la característica es eludir la necesaria rectificación moral sobre todos los males y daños que los gobernantes y autoridades les hacen a sus pueblos. Ni Luis Redondo, ni todos los pervertidos que aceptaron formar parte de manera ilegal de una pseudo Comisión Permanente, aceptaran que violaron la Constitución y demas leyes. El Congreso Nacional actual, situado en el contexto democrático, no debe hacer migas otorgándoles perdón porque si lo hiciera, la actual junta directiva del Congreso cometería la falta imperdonable de la complicidad. El Ministerio Público debe saber que tiene la alta responsabilidad de proceder con el requerimiento fiscal contra todos aquellos individuos que infligieron las leyes supremas del país, sabiendo que se rebajaban a lo más profundo de la ilegitimidad, cayendo en el precipicio de una absoluta inmoralidad humana y política.
Luis Redondo actuó escondiéndose en un terrorismo legislativo, bajo un eufemismo democrático con el consabido propósito de perpetuarse en el poder a través del partido PLR. Para eso contó con el patrocinio del gobierno de Xiomara Castro, del coordinador general del PLR y de toda aquella mansalva de personas que coreaban el autoritarismo de LIBRE para lograr sus objetivos saltando las trancas de la ley. Con este modelo no solo pisotearon la Constitución cuantas veces se les ocurría, sino que saquearon el erario público. Luis Redondo manoseo el llamado fondo departamental, la tristemente célebre diputada Isis Cuéllar se dio el lujo de pregonar el mal uso de fondos millonarios, el secretario Ricardo Salgado hizo ostentación de manejar presupuestos millonarios malgastados en una forma injustificada contratando extranjeros que trabajaron en un fraude electoral que la masiva concurrencia electoral de los hondureños se los echó a la basura.
Así que, si toda está oleada de atentados a nuestra Constitución y demás leyes, para los diputados y dirigentes de LIBRE-PLR resulta poca cosa, para los hondureños que amamos a la Patria, respetamos a la Constitución y demás leyes, no es así. Los que vivimos apegados a la Constitución y demas leyes exigimos que se imponga el brazo de la justicia, que a Luis Redondo y diputados de la seudo Comisión Permanente, igual a Roosevelt Hernández, se les aplique la ley, esperando que al Ministerio Público no le tiemble la mano. A los culpables de violar la Constitución durante cuatro años, usurpando la conducción del Congreso Nacional y fungiendo en forma ilegitima en cargos para los que no tuvieron el consentimiento del pleno del Congreso Nacional, el camino que les queda es la cárcel.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 19 de mayo de 2026.
