El Congreso Nacional de Honduras aprobó un amplio paquete de reformas al Código Penal orientado a fortalecer el combate contra la extorsión y el crimen organizado, incorporando estas estructuras dentro del marco de delitos de tipo terrorista.
Las nuevas disposiciones establecen penas de entre 15 y 20 años de prisión para quienes cometan extorsión, con la posibilidad de cadena perpetua si la víctima muere como consecuencia del delito.
Además, se amplía la responsabilidad penal a colaboradores, financistas y facilitadores de estas redes criminales.
Las reformas también incluyen la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, el endurecimiento de sanciones por uso indebido de uniformes oficiales y mayores controles en telecomunicaciones, con el objetivo de reforzar la investigación y desarticular estructuras delictivas en el país.
