La situación alertada por el comisionado Rolando Ponce, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), revela una crisis de seguridad sin precedentes en el sistema educativo de Honduras. Según el informe, se ha detectado un alarmante incremento en las amenazas directas de estudiantes hacia sus maestros, llegando al extremo del uso de armas de fuego. El objetivo principal de estos actos de coacción es obligar a los docentes a otorgar calificaciones aprobatorias o modificar registros académicos bajo presión violenta.
Las autoridades identifican este fenómeno como un síntoma de un deterioro social profundo, impulsado por factores como la desintegración familiar, la pérdida de valores y la falta de políticas públicas de prevención sostenidas. Además, el entorno se ve agravado por la influencia de dinámicas criminales regionales y el uso de tecnologías que han alterado la convivencia escolar, dificultando incluso el acceso policial a ciertas zonas críticas donde la violencia ha echado raíces.
El impacto real de esta problemática es devastador para el gremio docente. Datos de organismos como Conadeh, Acnur y Save the Children indican que solo en 2025 más de 300 maestros se vieron forzados a abandonar sus hogares y puestos de trabajo debido a extorsiones y atentados. Actualmente, se estima que casi 1,500 docentes se encuentran en una situación de riesgo inminente, lo que ha llevado a la Policía Nacional a implementar operativos especiales bajo el Plan Estratégico Barrios y Comunidades Seguras 2026 para intentar contener la ola de violencia en las escuelas.
