El Gobierno de Honduras se mantiene firme en la defensa de sus connacionales, lamentando la decisión de mantener la cancelación y reafirmando que el proceso legal aún tiene camino por recorrer en las instancias más altas de Estados Unidos.
La incertidumbre sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) ha tomado un nuevo matiz legal. La Cancillería de la República informó recientemente que la decisión actual sobre el programa no es definitiva, abriendo la puerta a una batalla jurídica que podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Puntos clave de la postura hondureña
La Cancillería ha sido enfática en varios aspectos fundamentales que definen la ruta a seguir:
- Instancia Final: Se aclaró que las decisiones emitidas hasta ahora no cierran el caso; el equipo legal visualiza la Corte Suprema como el escenario final para defender la permanencia de los hondureños.
- Rechazo a la Cancelación: El Gobierno lamentó profundamente que se mantenga la postura de cancelar este beneficio migratorio, el cual ha brindado estabilidad a miles de familias por décadas.
- Integridad de los Beneficiarios: Se destacó con orgullo que los hondureños amparados bajo el TPS son ciudadanos ejemplares que han cumplido estrictamente con la ley estadounidense, contribuyendo positivamente a la economía y sociedad de ese país.
Un llamado a la calma y a la lucha legal
A pesar del panorama adverso, el mensaje oficial busca inyectar una dosis de realismo y esperanza. Al no ser una resolución firme, el estatus legal de los beneficiarios continúa siendo un tema de debate en las cortes federales.
«Nuestros compatriotas han demostrado ser una fuerza laboral honesta y respetuosa de las leyes. No descansaremos en buscar alternativas que reconozcan su valioso aporte», cita el comunicado oficial.
