En el marco del Día Nacional de la Persona Privada de Libertad, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó este miércoles a las autoridades y la población hondureña a reconocer que la privación de libertad no debe ser sinónimo de “estigma y discriminación”, sino un espacio de justicia, dignidad y esperanza.
Guadalupe Silva, coordinadora de la Defensoría de Privados de Libertad, reportó que en el primer semestre de 2025 se atendieron más de 230 quejas por violaciones a los derechos humanos en centros penales, incluyendo abusos de autoridad, y vulneraciones al derecho a la integridad personal, acceso a la justicia y salud, afectando tanto a los reclusos como a sus familias. En 2024, el Conadeh registró 437 quejas, principalmente contra centros penales, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario.
Conadeh expresó preocupación por el hacinamiento en las cárceles, que puede constituir trato cruel, inhumano o degradante, y advirtió que el Estado no debe admitir más internos en condiciones indignas. Al 31 de agosto de 2025, Honduras registra 19,465 personas privadas de libertad, de las cuales 59% están condenadas y 41% procesadas, con 1,116 mujeres y 18,349 hombres, incluyendo 163 extranjeros.
El organismo criticó la política de prisión preventiva como norma general, que ha incrementado la población penal, y reafirmó su compromiso con la inspección de centros penitenciarios para promover la reinserción social y el respeto a los derechos humanos. En un contexto de tensiones electorales y emergencias climáticas, Conadeh subrayó que “la dignidad no se pierde con la libertad”.