En el primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, un análisis del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha expuesto un preocupante incremento en las contrataciones de familiares en 47 instituciones gubernamentales, pasando de 55 a 115 personas, lo que representa un aumento del 109.9% respecto al año anterior.
Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, ha criticado duramente esta práctica, acusando al gobierno de romanticar el nepotismo mientras excluye a quienes buscan oportunidades por mérito propio. El informe detalla que más de 80 millones de lempiras se destinan mensualmente a estos empleados, sin incluir bonos, dietas u otros beneficios.
El análisis también revela que los lazos familiares alcanzan hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, beneficiándose de la figura de «personal de confianza». Este nepotismo se extiende desde embajadas y consulados hasta eventos internacionales de alto nivel, como la conferencia sobre cambio climático de la ONU en Dubái, donde familiares de la presidenta y otros funcionarios ocuparon roles destacados. Ante esta situación, el CNA ha propuesto una nueva «Ley contra el nepotismo en Honduras» para combatir esta práctica arraigada en la administración pública.
La propuesta legislativa busca establecer mecanismos que vayan más allá de una simple condena moral, instaurando sanciones efectivas para quienes permitan o practiquen el nepotismo. Además, el informe subraya que se desconoce la situación de 25 funcionarios, incluidos aquellos que trabajan como personal ad honorem, debido a la falta de transparencia en las instituciones gubernamentales. Este hallazgo refuerza la necesidad urgente de medidas legislativas que garanticen la igualdad de oportunidades y la eficiencia en el servicio público, promoviendo un ambiente de integridad y meritocracia en la administración estatal hondureña.