El Ministerio Público de Honduras, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) en colaboración con la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), ha emprendido una investigación sobre posibles irregularidades en el uso de fondos destinados a obras de mitigación de riesgos por desastres naturales en el país.
Un equipo especializado del MP ha iniciado inspecciones, avalúos y la toma de declaraciones en diversas regiones del territorio hondureño, especialmente relacionadas con la construcción de puentes con el propósito de reducir la vulnerabilidad ante los desastres naturales exacerbados por el cambio climático.
Estas obras, financiadas a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2010 por más de 400 millones de lempiras, estaban destinadas a beneficiar a diez municipios priorizados por su alta vulnerabilidad en varios departamentos del país, incluyendo Copán, Lempira, Ocotepeque, Atlántida, Santa Bárbara, El Paraíso, Choluteca, Olancho y Colón.
Entre los municipios seleccionados para el proyecto se encuentran Corquín (Copán), Gracias, Lepaera y San Manuel Colohete (Lempira), Sensenti, San Marcos y San Francisco del Valle (Ocotepeque), Tela (Atlántida), así como Atima y San Luis en Santa Bárbara.
El Ministerio Público ha reafirmado su compromiso de investigar exhaustivamente cualquier acto irregular que afecte al Estado de Honduras y, por ende, perjudique al pueblo hondureño, especialmente en lo referente a la malversación de fondos públicos.