El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) presentó este viernes en cadena nacional de radio y televisión una serie de acciones entre las que destaca la construcción “de inmediato” de un centro de reclusión de emergencia entre Olancho y Gracias a Dios para el traslado de 20 mil reos de alta peligrosidad, así como el lanzamiento de la licitación para la construcción de la prisión de máxima seguridad en la Isla el Cisne como parte del plan de solución contra el crimen.
Las secretarías de Seguridad y Defensa, junto a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Policía Militar del Orden Público (PMOP) deben planificar y ejecutar intervenciones con carácter de urgencia en todos los municipios con mayor incidencia en crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos.
Además, anuncia la captura de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras y pandillas de estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables, así como la recuperación de espacios tomados por criminales en barrios y colonias con mayor incidencia criminal.
Las medidas se asemejan muchas a las adoptadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, que le permitió reducir drásticamente la actividad criminal y con ello elevar su popularidad que le permitió ganar la reelección fácilmente a la oposición y controlar abrumadoramente el parlamento.
La junta interventora del sistema penitenciario deberá iniciar en un plazo máximo de dos semanas el proceso de licitación, adjudicación y construcción de la cárcel en la Isla del Cisne.
El plan contra el crimen organizado también incluye reformas al Código Penal para que pandilleros, mareros y bandas del crimen organizado vinculados a la criminalidad sean calificados como terroristas.
También pide al Congreso Nacional reformas al Código Procesal Penal para que medidas de prevención sean aplicadas a todas las personas en proceso de juzgamiento e incorporar el juzgamiento colectivo.
Someter a aprobación la ley de control de venta de tarjetas Sim card, chips y la ley de Colaboración Eficaz, además advierte que se cancelarán licencias de operación a las compañías de telecomunicaciones que se nieguen a cumplir el control de venta de chips.
Asimismo, señalan que se viene el endurecimiento de las penas por los delitos contra la vida y la integridad física de los operadores de seguridad y justicia.
Prometen reformar el reglamento del Banco Central de Honduras (BCH) referente a las transferencias electrónicas a fin de controlar las transferencias atípicas propias de la extorsión y secuestros.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), preparará el camino para autorizar el uso de brazalete electrónico para evitar costos de vigilancia, además se compromete que el lunes 17 de junio próximo designará el número de jueces y personal necesario para las operaciones de recuperación y control de zonas de mayor incidencia criminal.
Este plazo también quedó establecido para que la Fiscalía General designe el número de fiscales para esta misma labor.