El Ministerio Público (MP) logra una sentencia condenatoria en el caso «Corrupción Sobre Ruedas», demostrando la existencia de una estructura diseñada para desviar fondos estatales. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) obtuvo la condena de varios exfuncionarios implicados en este entramado.
Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, exgerente financiera de Casa Presidencial y jefa de presupuesto de la otrora Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), fue hallada culpable por 26 delitos, incluyendo fraude continuado y violación de deberes de funcionario. Otros implicados, como Juan Ramón Maradiaga Franco, David Eduardo Ortiz Hawit, Elmer Jeovany Ordóñez Espinal y Gonzalo Molina Solórzano, también fueron condenados por violación de deberes de funcionario.
Sin embargo, a pesar de las pruebas técnicas y científicas presentadas, el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción absolvió a los implicados del delito de fraude. Harvis Edulfo Herrera Carballo fue absuelto de fraude y violación de deberes de funcionario, mientras Carlos Josué Romero Puerto, excoordinador del Proyecto PRAF-Banadesa, fue absuelto de varios cargos de fraude.
El MP había acusado a Claudia Noriega González, excoordinadora del Proyecto Tarjeta La Cachureca, por fraude, pero fue absuelta tras un recurso de amparo. En el caso «Corrupción Sobre Ruedas», los fondos desviados provenían del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), destinados al programa «Bono 10 MIL». Estos fondos fueron utilizados para financiar campañas políticas y eventos proselitistas, generando un perjuicio al Estado de más de 11 millones de lempiras.
El esquema involucraba el arrendamiento de vehículos blindados a una empresa ficticia, así como pagos por publicidad y propaganda, desviando fondos a cuentas personales y gastos de hospedaje. La empresa ficticia también se utilizó para desviar fondos de Casa Presidencial para la compra de alimentos durante la toma de posesión del expresidente Juan Orlando Hernández.