Tegucigalpa
En las últimas horas El Departamento de Estado (DOS) de Estados Unidos, publico un nuevo listado con nombres de personas de países centroamericanos que han sido señaladas por actos de corrupción o por perjudicar la democracia en sus naciones.
En esta publicación aoparecen los nombres de 10 hondureños, entre ellos Alex Alberto Moraes Girón, exgerente administrativo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), acusado de defraudar al Estado con 1.6 millones de dólares destinados a la compra de mascarillas para el personal de salud.
Se menciona ah Alexander López Orellana, actual alcalde de El Progreso, Yoro, y secretario general del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), a quien se le acusa de otorgar contratos de servicios municipales multimillonarios indebidamente a sus aliados políticos.
Aparece la exsecretaria de Salud Edna Yolany Batres Cruz, quien supuestamente defraudó al Estado por más de 300 mil dólares al adjudicar contratos gubernamentales de manera indebida.
De igual manera es mencionado Jesús Arturo Mejía Arita, exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), por aparentemente adjudicar contratos no competitivos o sobrevaluados de servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, así como por facilitar de manera corrupta la contratación y despido de personal a cambio de coimas.
El exdirector de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Antonio Chimirri Castro, señalado por fraude durante su gestión en la institución, a cambio de sobornos, y por obstruir las investigaciones en su contra e intimidar a periodistas.
De igual manera, Miguel Rodrigo Pastor Mejía, exdirector de la extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), acusado de lavado de dinero proveniente del narcotráfico del cartel Los Cachiros al otorgar 2.76 millones de dólares en contratos del Gobierno con una constructora vinculada a dicha estructura criminal.
Figura Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich, exsecretario de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), exministro de Energía y exasesor presidencial de Juan Orlando Hernández, se vincula con malversación de fondos mediante la sobrevaloración de obras.
De igual manera es mencionado Samuel García Salgado, actual diputado del Congreso Nacional por el Partido Liberal, es señalado por manipular los resultados de la elección de 2023 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su propio beneficio personal y político.
Por otra parte también figura Víctor Elías Bendeck Ramírez, empresario y exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), quien es señalado por supuestamente llevar a cabo actividades fraudulentas en sectores bancarios, inmobiliarios y otros, así como por utilizar su influencia con funcionarios del gobierno en beneficio personal.
Por último, se menciona a Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, presidente del CCEPL, quien aparentemente habría manipulado el resultado de la elección de 2023 de la CSJ en su favor. También se le acusa de utilizar su influencia con funcionarios gubernamentales para evitar rendir cuentas ante presuntas violaciones de la ley hondureña relacionadas con su compañía de cable.