La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) ha dado un nuevo paso en el esclarecimiento de uno de los crímenes más atroces ocurridos en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). Después de una minuciosa investigación, ampliaron el requerimiento fiscal contra seis integrantes de la estructura criminal pandilla 18, acusándolas de ser responsables del brutal asesinato de 46 mujeres durante una reyerta ocurrida el 20 de junio de 2023.
Las siete pandilleras, identificadas como Kenia Patricia Salinas Rivera, también conocida como Flavia Marlene Tercero, alias «La Tremenda», María del Carmen Contreras Castillo, Lourdes Eloísa Barrientos Turcios, Rosa Bertha Marroquín Almendares, alias «La Nena”, Any Dayann Barahona Mejía, alias «la Vagabunda», y Dania Jakeline Maradiaga Flores, alias «La Inquieta», se enfrentan a cargos graves, incluyendo asesinato, asociación para delinquir, incendio cualificado, porte ilegal de armas de fuego prohibidas y porte de armas de fuego permitidas en perjuicio de la seguridad colectiva y del orden público.
El juez de letras con competencia territorial nacional en materia penal de criminalidad organizada y corrupción ha fijado la audiencia inicial para el jueves 9 de mayo del presente año, donde se espera que se avance significativamente en este caso que ha conmocionado a la sociedad.
De acuerdo con las diligencias dirigidas por la Sección de Muertes Cometidas por Estructuras Criminales Organizadas de la FEDCV en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el crimen ocurrió a las 7:45 de la mañana en un acto premeditado. Las acusadas, que se encontraban en los módulos 6 y 7, utilizaron armas de fuego de distintos calibres, así como objetos punzocortantes y contundentes para someter a cuatro policías penitenciarias y obtener acceso a los módulos.
Una vez dentro, perpetraron los crímenes de forma violenta contra las internas, utilizando armas de fuego y armas blancas. Se ha confirmado que las armas utilizadas fueron obtenidas desde el exterior del centro penal, incluyendo pistolas de diferentes calibres y armas de uso prohibido como fusiles y subametralladoras. Este incidente, que involucra a dos de las pandillas más peligrosas del país, ha sido un duro golpe para las autoridades penitenciarias y ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad en las instalaciones carcelarias.
Cabe destacar que el proceso judicial continúa en curso para otros implicados en este crimen, demostrando el compromiso de las autoridades en llevar ante la justicia a todos los responsables de tan horrendo acto.