La sentencia del juez Kevin Castel de la Corte del Distrito Sur de NY contra el expresidente Juan Orlando Hernández, no resultó del todo una fosa mortal. Como se dice en el ámbito deportivo, deja opciones que mantienen con vida a Hernández, en el sentido de poder invocar a través de la apelación, un par de recursos que le pueden aliviar la pena. De inicio, JOH no recibió una carga penal que lo dejara sin oportunidades de reivindicar sus derechos que reiteradamente alega que le fueron violentados, tanto por la fiscalía como por el juez Kevin Castel.
El Derecho Penal de EEUU tiene una serie de complejidades compensatorias, que le brindan oportunidad a la defensa de un sentenciado, mediante la apelación ante una instancia superior, para revisar el juicio y pedir su repetición, siempre y cuando la defensa demuestre que ha habido defecciones en el procedimiento original que afectaron al sentenciado. Pero, lo notable en la sentencia del juez Castel es que, su pronunciamiento final no fue lo demoledor que esperaban algunos sectores que adversan a JOH. Si bien la sentencia contempla 45 años de prisión, lo alentador para la defensa es que, es más factible rebajar el peso de la carga penal cuando la sentencia solo abarca determinada cantidad de años que no llega a sumar una cadena perpetua.
El juez Castel midió los delitos y no encontró razones para dictar una o más cadenas perpetuas, una resolución que permite un respiro a la defensa de JOH, para establecer los argumentos de peso relacionados con la conducta del gobernante, que a lo largo de sus dos períodos actuó en plan de apoyo a la política de EEUU en la lucha contra el crimen organizado, mientras que los fundamentos usados por la Fiscalía de NY se basaron en los testimonios de los narcotraficantes que fueron extraditados por el gobierno a solicitud de las autoridades de EEUU. Este ha sido un juicio «sui generis», único en la historia del Derecho Penal, donde el inculpado es vencido por las declaraciones de las personas vinculadas al narcotráfico, que paradójicamente fueron demandadas en extradición por EEUU.
Hernández tuvo en sus dos periodos de gobierno una política exitosamente fraternal con EEUU, al grado que en la celebración del 4 de julio de 2015, durante la administración del presidente Barak Obama, el entonces embajador de EEUU en Tegucigalpa, James Nealon, dijo en su discurso que en la administración de JOH, EEUU y Honduras tenían las mejores relaciones de toda su historia, por el apoyo decidido del gobernante hondureño a la lucha contra el crimen organizado. La suerte de JOH frente a EEUU cambio diametralmente cuando su hermano Juan Antonio Hernández resultó implicado en el narcotráfico, aunque un zar antidroga de EEUU en el Triángulo Norte centroamericano, en el juicio contra Tony Hernández, declaró que nunca había conocido ni oído mencionar al hermano de JOH como parte del círculo de narcotraficantes en este sector centroamericano.
Nada de esto abonó a JOH en el juicio, el fiscal de NY se mantuvo obstinado en el proceso contra el exgobernante hondureño basado en los testimonios de los narcotraficantes extraditados por el gobierno de Hernández. Este es un aspecto toral que alegará el abogado Renato Stabile, que ha asumido la plena responsabilidad de la defensa de JOH. Además, expondrá que el juez y el fiscal no permitieron que le fuera entregada al jurado una cantidad probatoria que favorecía al expresidente, lo que no permitió a los miembros del jurado tener una lectura completa de los hechos, por lo que la defensa de Hernández sostiene que el jurado se pronunció solo conociendo los testimonios de los extraditados.
El abogado Stabile ha manifestado su esperanza que al apelar la sentencia ante la Corte del Segundo Circuito de NY, puede llegar al punto de repetir el juicio hasta llegar a la reducción de la pena, que podría ser minimizada a un período entre 6 y 8 años, que a la vez pudieran ser conmutables si el expresidente JOH aporta información que sea de interés para las autoridades de EEUU para encarar otros casos de gran dimensión, como el asesinato del zar antidrogas Gral. Julián Arístides González, en el que EEUU tiene un marcado interés.
O sea que el juicio de JOH no finalizo con lo peor para el expresidente. Más bien, abrió expectativas para que en los próximos meses se conozcan detalles de las investigaciones sobre el crimen del Gral. Julián Arístides González, que trabajaba en cooperación con la DEA para combatir el narcotráfico en el momento de ser asesinado. La Fiscalía de NY admitió durante el juicio contra JOH que el caso del Gral. Julián Arístides González no se podía abordar en el juicio, porque está en investigación. Es importante recordar que en 1988 un comando de la DEA capturó en Tegucigalpa a Ramon Matta Ballesteros, implicado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Para EEUU, es prioridad capturar a todos aquellos que planifican o ejecutan acciones contra sus funcionarios o aliados que le apoyan en la lucha contra el narcotráfico.
La caída de JOH no ha resultado tan aparatosa del todo, su defensa puede apelar a salidas que le ofrece el Derecho Penal. Eso será posible en la medida que aporte pruebas que impliquen a otras personas de los círculos políticos hondureños involucrados en el tráfico de drogas. Y el caso del asesinato del Gral. Julián Arístides González es clave para las próximas acciones que ejecutará EEUU en Honduras.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 26 de junio 2024.