La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, destacó este sábado la importancia de ser parte de un centro internacional de arbitraje para dirimir conflictos entre los inversionistas y el Estado.
“Valoramos mucho a los mecanismos para arbitración internacional como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial”, dijo al agregar que “estos mecanismos envían un mensaje importante sobre el clima de inversión”.
La embajadora Dogu enfatizó que los inversionistas desean la mejor certeza en las condiciones de inversión.
Las declaraciones de Dogu fueron expresadas durante el lanzamiento del programa Innova Mujer que se realizó en la ciudad de San Pedro Sula, donde también hizo referencia a la escasez de dólares.
“Sin dólares las empresas no tienen forma de llevar sus ganancias a su casa matriz o comprar insumos para las instalaciones de producción”, indicó la diplomática.
Salida de Honduras del CIADI
Hasta ahora, el gobierno no ha detallado las razones que le llevaron a denunciar al CIADI el pasado 24 de febrero de 2024 y conocido la semana pasada tras el anuncio del centro internacional de diferencia. Se espera que el lunes de a conocer un informe mediante cadena nacional de radio y televisión.
La Administración de Xiomara Castro solamente ha indicado que “la decisión soberana y responsable del Estado de Honduras está apegada al derecho internacional, conforme al artículo 54 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y el artículo 71 del Convenio CIADI esto, para salvaguardar las finanzas públicas, corregir el desequilibrio que favorece a inversionistas extranjeros y perjudica a los inversionistas nacionales, y terminar con el llamado «terrorismo de litigación”.
Además señala que este centro de arbitraje se ha convertido en “un sistema que socava la soberanía de las naciones, desplaza la función de los tribunales de la república y limita el cumplimiento de las decisiones del gobierno democrático”.
El gobierno considera que este convenio impide que el ordenamiento jurídico hondureño combata la corrupción público-privada y sus consecuencias devastadoras, “como la de proyectos que ponen en venta el territorio «ZEDE», el modelo extractivista y el colonialismo económico”.