La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, señaló que antes de 2013 Honduras no contaba con un mecanismo claro para revisar la conducta institucional de las más altas autoridades del Estado, dejando a la ciudadanía sin garantías frente a decisiones que pudieran afectar el interés público.
Explicó que el juicio político se incorporó a la Constitución como una herramienta para ejercer control, garantizar responsabilidades y proteger la democracia, tras hechos como el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales y la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2012.
Castellanos recordó que tanto la Comisión de la Verdad y Reconciliación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos evidenciaron la necesidad de un marco legal sólido y con garantías claras para la destitución de altos funcionarios.
Desde 2013, el juicio político aplica a figuras como el presidente, designados presidenciales, magistrados, diputados y alcaldes, bajo un proceso regulado por ley que incluye denuncia, investigación, defensa y votación. No obstante, destacó que en el país nunca se ha aplicado este mecanismo, por lo que marcar un precedente —respetando siempre las garantías y derechos— es fundamental para fortalecer el Estado de derecho y la justicia.
«En el país, hasta hoy, nunca se ha aplicado un juicio político. Marcar este precedente es esencial para establecer que cualquier autoridad cuya conducta se aleje del interés público debe ser evaluada, siempre respetando sus garantías y derechos».
— CNA Honduras (@cnahonduras) March 2, 2026
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