En medio de la creciente preocupación por el impacto económico de las demandas judiciales contra el Estado, el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, informó que se han identificado cuatro firmas legales que figuran de manera recurrente en la mayoría de estos procesos, los cuales han generado un fuerte golpe a las finanzas públicas.
Según explicó, la información fue proporcionada por fuentes del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), y actualmente existen investigaciones en curso sobre un mecanismo atípico que estas firmas estarían utilizando en los litigios. Aspra señaló que dichos bufetes presuntamente operarían en contubernio con operadores de justicia, miembros de la Procuraduría General de la República de Honduras (PGR) y representantes del Estado.
El funcionario también confirmó que cuatro empleados de la PGR están siendo investigados por el Ministerio Público por haber actuado de manera dolosa al permitir la pérdida de términos procesales. Asimismo, advirtió que existe una alta probabilidad de que el Estado pierda varias demandas, lo que podría incrementar el daño patrimonial, aunque destacó que en otros casos la defensa mantiene expectativas favorables. Finalmente, estimó que alrededor de 70 alcaldías han sido afectadas por demandas laborales en distintas jurisdicciones del país.
