La crispación política se instaló en el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras la polémica decisión de extender el plazo para la recepción de ofertas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), desatando acusaciones de usurpación de funciones y presuntos intentos de manipulación del proceso electoral.
El consejero Kelvin Aguirre Ochoa, representante de Libertad y Refundación (Libre), denunció que la medida adoptada por las consejeras vinculadas a los partidos Nacional y Liberal constituye una acción irregular, al haber sido tomada sin la aprobación del pleno. Ochoa señaló que se está reeditando un escenario de riesgo, comparando la situación con los procesos electorales de 2013 y 2017, marcados por denuncias de fraude y manipulación del sistema de transmisión de resultados.
Del otro lado, la presidenta del CNE, Cossette López, defendió la legalidad de la decisión, afirmando que el proceso se ha mantenido dentro del cronograma y bajo los procedimientos previstos. Argumentó que la ley permite la intervención humana en la verificación de resultados y desafió a su colega a demostrar que tal práctica está prohibida por la normativa electoral vigente.
Las tensiones se agravaron con denuncias de “amedrentamientos” por parte de Ochoa y simpatizantes de Libre, quienes intentaron obstaculizar la recepción de las ofertas en el edificio del CNE. Las consejeras advirtieron que este tipo de acciones constituyen una amenaza directa al proceso democrático.
La controversia se produce en un contexto crucial: en solo cinco meses, Honduras celebrará elecciones generales en las que se definirán el futuro presidente, diputados y alcaldes. La confianza en el sistema TREP, que debe garantizar una transmisión rápida y transparente de los resultados, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, al recordar los fantasmas de procesos electorales cuestionados.
En respuesta a la creciente tensión, el Congreso Nacional ha convocado a los tres consejeros electorales a comparecer este 8 de julio ante una comisión especial, con el objetivo de esclarecer las decisiones adoptadas y asegurar la integridad del proceso electoral.
Este episodio refleja la profunda desconfianza entre los actores políticos que integran el máximo ente electoral, en un país donde la transparencia y la credibilidad democrática siguen siendo motivo de preocupación nacional e internacional. La intervención del Ministerio Público y la definición de los próximos pasos del TREP marcarán el rumbo de unas elecciones decisivas para Honduras.