Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), reveló que desde 2014 han investigado 170 casos de corrupción en Honduras, involucrando a más de mil personas, pero solo 20 han sido judicializados, dejando un 97% de impunidad. “Los casos generan un grave perjuicio a las instituciones y la población”, afirmó, destacando que los sectores más afectados son la salud, la educación y la infraestructura vial, donde se han robado miles de millones de lempiras. Castellanos señaló la existencia de una red de corrupción que opera en compras de insumos, medicamentos, contrataciones y licitaciones, causando daños significativos al país.
La directora también criticó la falta de rendición de cuentas en el Congreso Nacional, donde los informes solicitados por el CNA se han retrasado, y cuestionó la propuesta del oficialismo de permitir que terceros reclamen el Documento de Identificación Nacional (DNI) a pocos meses de las elecciones generales. “No es lo mejor, denota alarmas a la población”, afirmó, subrayando que cualquier acción debe garantizar un proceso electoral transparente y democrático. Castellanos instó a priorizar el beneficio colectivo y expresó preocupación por iniciativas que podrían comprometer la integridad del próximo proceso electoral.