El núcleo del problema radica en la brecha entre la ley y la práctica financiera. Aunque la Ley de Municipalidades ordena que el Gobierno central transfiera el 11% de sus ingresos tributarios a las alcaldías, la realidad es que estas transferencias apenas alcanzarán un 5.81% en 2026. Esta asfixia presupuestaria frena el proceso de descentralización, dejando a los 298 municipios del país con una carga de responsabilidades crecientes en salud, educación e infraestructura, pero sin el «músculo económico» necesario para ejecutarlas con éxito.
A pesar de que el actual presidente, Nasry Asfura, mantiene un discurso marcadamente municipalista debido a su experiencia previa como alcalde, los expertos advierten que la voluntad política debe traducirse en presupuesto real. Actualmente, muchas alcaldías operan en condiciones precarias: de los fondos asignados en 2025, solo se ejecutó el 73.8%, lo que se traduce en apenas 692 lempiras por habitante. Esta escasez ha empujado a casi medio centenar de municipios a endeudarse con la banca privada, destinando el 75% de esos préstamos a gastos operativos y salarios en lugar de proyectos de inversión.
No obstante, existe una luz de esperanza entre los ediles y sectores políticos. El Congreso Nacional ha planteado la posibilidad de elevar las transferencias al 7% en el próximo Presupuesto General, y el Ejecutivo ha comenzado a entregar kits de maquinaria pesada a las alcaldías para que gestionen su propia infraestructura vial. La conclusión general de los analistas es que, mientras la descentralización no vaya acompañada de recursos financieros y fortalecimiento técnico, seguirá siendo una promesa histórica incumplida y un obstáculo para el desarrollo local.
