El Congreso Nacional de Honduras recibió un proyecto de ley denominado Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, que plantea declarar un estado de emergencia fiscal y financiera por un periodo de hasta 24 meses. La iniciativa fue enviada por la Secretaría de Finanzas para enfrentar el deterioro de las cuentas públicas y frenar el colapso de las finanzas del Estado.
La propuesta autoriza al Poder Ejecutivo a tomar medidas extraordinarias, incluida la reorganización, fusión o cierre de hasta 37 instituciones públicas, y la reducción de personal con el objetivo de racionalizar el gasto y mejorar la eficiencia administrativa. Además, la ley permitiría negociaciones con los tribunales para resolver embargos judiciales y facilitar conciliaciones en procesos que puedan afectar económicamente al Estado.
Este régimen especial también facultaría a la Secretaría de Finanzas de Honduras (SEFIN) para reestructurar la deuda pública —tanto interna como externa— y realizar ajustes presupuestarios que busquen asegurar el financiamiento de servicios esenciales como salud, educación y seguridad sin afectar su operatividad básica.
Aunque se trata de un estado de emergencia en materia financiera, la iniciativa señala que no implica la suspensión de derechos fundamentales ni alteraciones al orden constitucional, y que las medidas estarán sujetas a controles legales, con responsabilidad administrativa, civil y penal en caso de abuso.
