En la gestión pasada de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos, bajo el gobierno de Xiomara Castro, se destinaron alrededor de 2.2 millones de lempiras para la impresión de libros sobre género e ideología, algunos con contenido explícito que generó polémica.
Las obras fueron producidas en la imprenta interna de la Secretaría, incluyendo la edición, corrección, diagramación e impresión, lo que ha provocado cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos.
Se detalló que las decisiones sobre estas publicaciones fueron tomadas directamente por la entonces ministra Anarella Vélez Osejo, sin contar con un Consejo Editorial que evaluara técnica y colectivamente los contenidos.
La ausencia de un mecanismo colegiado ha generado críticas sobre la transparencia y los criterios para asignar estos recursos, reavivando el debate sobre la necesidad de procesos claros, técnicos y participativos en la gestión editorial del Estado.
