Un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 27-2010, que creó la Ley de Privación de Dominio y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), fue admitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Así lo informó el portavoz judicial, Melvin Duarte, quien detalló que la acción fue presentada vía excepción en forma total y que ahora el Ministerio Público dispone de seis días para emitir su opinión.
El recurso fue interpuesto por el Partido Liberal de Honduras (PLH), que sostiene que la normativa vulnera garantías como el derecho a la defensa y el debido proceso.
Según el planteamiento, si la Sala resuelve a favor del partido, quedarían sin efecto las facultades conferidas a la OABI. Tras la respuesta del Ministerio Público, el expediente volverá a la Sala para la emisión del fallo definitivo.
