En una jornada que marca un antes y un después para la justicia en Honduras, el diputado Rashid Mejía anunció el cumplimiento de una «misión histórica»: la presentación y admisión de la denuncia de juicio político contra el fiscal general. Este mecanismo constitucional, que ya ha derivado en la destitución del funcionario, no se presenta como un hecho aislado, sino como la respuesta definitiva al clamor del 81% del pueblo hondureño.
El proceso, fundamentado en el artículo 10 de la Ley Especial de Juicio Político, ha seguido un patrón de legalidad estricta al requerir la votación de dos tercios de la Cámara. El Poder Legislativo asume así la responsabilidad política de salvaguardar la integridad del Ministerio Público, nombrando una comisión especial de nueve miembros para investigar los hechos en un plazo de 30 días. Con esta acción, se busca garantizar que el poder público rinda cuentas y que la justicia en Honduras sea, finalmente, una realidad innegociable.
