El Poder Judicial de Honduras se encuentra bajo la sombra de una nueva controversia. El magistrado de la Sala Constitucional, Luis Fernando Padilla, denunció públicamente una serie de nombramientos, traslados y ascensos que se habrían realizado al margen de la ley tras la entrada en vigencia del Decreto 10-2026.
Padilla, quien se perfila como el próximo presidente de dicha judicatura, alertó que la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) continuó ejecutando movimientos de personal de forma unilateral, pese a que desde el 20 de febrero esa potestad fue trasladada exclusivamente al Pleno de Magistrados.
Cronología de una supuesta ilegalidad
Según el magistrado, el cronograma de los hechos evidencia la irregularidad:
- 20 de febrero: Entra en vigencia el Decreto 10-2026 que quita la exclusividad de nombramientos a la presidencia de la CSJ.
- 21 y 22 de febrero (Fin de semana): Se habrían realizado nombramientos «acelerados».
- Semana del 23 de febrero: Se procedió a las juramentaciones, desafiando la nueva normativa.
Ascensos cuestionados y falta de carrera judicial
El magistrado Padilla fue específico al señalar casos que, a su juicio, dañan la institucionalidad:
- Sin Carrera Judicial: Denunció el ascenso de la subinspectora general a Magistrada de Corte de Apelaciones de lo Civil, señalando que la persona no posee carrera judicial ni se sometió a concurso público.
- Falta de especialización: Criticó traslados de personal desde la materia civil a la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción. «Hay que cambiarles el chip y esto va en detrimento del funcionamiento del Poder Judicial», alegó.
- Irregularidades administrativas: Mencionó contrataciones de personas provenientes del sector financiero que, en menos de un año, han escalado a magistraturas sin respetar la Ley de la Carrera Judicial.
Esta denuncia pone en alerta al sistema de justicia, ya que los nombramientos realizados bajo estas condiciones podrían ser objeto de impugnaciones legales en los próximos días.
