El portavoz Yuri Mora confirma que se mantienen abiertas múltiples investigaciones en todo el país. Los expedientes van desde actos de corrupción y abuso de autoridad hasta presuntos vínculos con el crimen organizado.
La justicia hondureña ha activado sus alarmas a nivel nacional. El Ministerio Público (MP), a través de sus fiscalías regionales y el circuito anticorrupción, desarrolla una serie de investigaciones que buscan deducir responsabilidades en administraciones locales y entidades gubernamentales por el manejo de recursos y el ejercicio de funciones.
Alcaldías bajo sospecha: De la capital a las regiones
Según detalló el portavoz Yuri Mora, las investigaciones no se limitan a un solo sector, sino que abarcan municipalidades en distintos puntos del territorio. Lo más relevante es que la fiscalía no solo mira el presente: se están auditando gestiones pasadas y actuales.
Los delitos que se investigan en las alcaldías incluyen:
- Corrupción administrativa: Mal manejo de fondos y licitaciones dudosas.
- Vínculos con criminalidad organizada: Presunta infiltración de estructuras ilícitas en el poder local.
- Daños al patrimonio cultural: Irregularidades en proyectos que afectan sitios históricos o protegidos.
Instituciones del Estado en el «banquillo»
Pero la lupa no solo está en los gobiernos locales. Diversas instituciones estatales también enfrentan procesos por la conducta de sus funcionarios. En este apartado, la fiscalía se enfoca en delitos que atentan contra la ética pública.
| Entidad bajo proceso | Delitos principales investigados |
| Alcaldías Municipales | Corrupción, crimen organizado y daños al patrimonio. |
| Instituciones del Estado | Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. |
Un proceso descentralizado
Debido a la magnitud de las denuncias, Mora explicó que no se cuenta con un número exacto de alcaldías procesadas en este momento, ya que cada fiscalía regional maneja sus propios expedientes. Esto permite una mayor agilidad en el territorio, aunque los resultados se centralizan conforme los casos están listos para ser judicializados (presentados ante un juez).
«El Ministerio Público informará oportunamente sobre los avances conforme se presenten los requerimientos fiscales correspondientes», aseguró el portavoz.
¿Qué significa esto para el ciudadano?
Esta ofensiva representa un intento por frenar la impunidad en los niveles más cercanos a la población (las alcaldías). Si los procesos avanzan, podríamos ver en los próximos meses la presentación de requerimientos fiscales contra figuras públicas tanto de administraciones anteriores como de las que están hoy en el poder.
