El próximo 5 de julio vence la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 40,000 hondureños en Estados Unidos, y las autoridades estadounidenses deberán decidir antes del 5 de mayo si se renueva o cancela. La posible terminación del beneficio, vigente por más de dos décadas, genera preocupación, pues dejaría a miles de familias en una situación vulnerable. Fuentes oficiales han instado a las autoridades hondureñas a dialogar con EE. UU. antes de la fecha límite, destacando que las condiciones actuales en Honduras no garantizan un retorno seguro.
Si el TPS no se extiende, se planea recurrir a acciones legales en cortes estadounidenses para demostrar que Honduras carece de las condiciones adecuadas para recibir a los retornados. Se ha advertido que la cancelación sería lamentable, y se buscaría involucrar al Departamento de Estado en el proceso. A pesar de la incertidumbre, hay optimismo sobre alcanzar una resolución favorable antes del 5 de mayo, un plazo crítico para los hondureños que dependen de este estatus migratorio.