En una decisión que promete reordenar el sistema de justicia en Honduras, la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha emitido una instrucción determinante para todos los tribunales del país: se prohíbe la ejecución de embargos en materia laboral que no cuenten con una sentencia firme.
La medida, oficializada mediante la Circular No. 01-2026, surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso de «sentencias definitivas» (pero no firmes) para drenar cuentas públicas y privadas de forma prematura.
Según las autoridades judiciales, una sentencia definitiva que aún está sujeta a recursos de apelación o casación no debe ser ejecutable, ya que el fallo todavía puede ser modificado por una instancia superior.
Blindaje a las finanzas estatales y municipales
Esta resolución llega en un momento crítico, luego de que la Secretaría de Finanzas denunciara una «red sistemática» de embargos que ha golpeado las arcas del Estado por más de 3,000 millones de lempiras en apenas diez días.
Casos recientes, como el embargo millonario contra la Alcaldía de El Corpus, Choluteca, pusieron en evidencia las irregularidades en juzgados locales donde se tramitaban ejecuciones provisionales de forma acelerada.
Con esta orden, la CSJ busca garantizar el debido proceso y evitar que los fondos destinados a salud, educación y seguridad sean retenidos antes de que la justicia haya agotado todas sus etapas legales.
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— Abriendo Brecha (@Abriendo_Brecha) February 14, 2026
