En medio de una situación financiera crítica, el procurador general de la República, Dagoberto Aspra, sostuvo una reunión con la directora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Elizabeth Rodríguez, para analizar las demandas y embargos que afectan a distintas instituciones del Estado.
Aspra destacó que los “números rojos” obligan a evaluar cada proceso judicial con cuidado, y resaltó la importante responsabilidad de la OABI en la administración y custodia de bienes incautados.
El procurador manifestó su preocupación por el embargo que pesa sobre la OABI, aclarando que los fondos asegurados no pertenecen a la institución, sino que están bajo su custodia como parte de procesos judiciales. Advirtió que estas acciones podrían impactar negativamente las finanzas públicas y recordó que varias dependencias estatales y municipalidades ya enfrentan limitaciones presupuestarias.
Rodríguez confirmó que la OABI mantiene un embargo de 90 millones de lempiras, afectando directamente su operatividad.
