La directora del CNA, Gabriela Castellanos, denuncia que Honduras atraviesa una severa crisis financiera provocada por el clientelismo político, una práctica que utiliza los empleos estatales como botín para premiar la lealtad partidaria. Según Castellanos, este sistema ha convertido la administración pública en una extensión de la maquinaria electoral, donde el mérito es desplazado por el pago de favores políticos, lo que desnaturaliza la función del Estado.
Este modelo genera un ciclo vicioso de olas de despidos masivos con cada cambio de gobierno para dar cabida a nuevos simpatizantes. La directora señala que estas acciones derivan en demandas laborales que la justicia procesa de forma lenta, acumulando deudas astronómicas que terminan en embargos a la Caja Única del Tesoro. Esta situación asfixia económicamente a sectores vitales como la salud, la educación y la seguridad, trasladando el costo de la irresponsabilidad política directamente a la ciudadanía.
Castellanos critica que las discusiones actuales en el Congreso Nacional se limiten a medidas administrativas superficiales para reprogramar pagos, en lugar de atacar la raíz del problema. Para ella, la solución exige una reforma estructural profunda que incluya el fortalecimiento del servicio civil, la implementación de concursos públicos transparentes y la modernización de la jurisdicción laboral para frenar el desgaste institucional.
Finalmente, la representante de la sociedad civil enfatiza que el Estado debe dejar de funcionar como una agencia de empleo electoral. Advierte que la estabilidad del país depende de la profesionalización de la administración pública y de que el ingreso al servicio estatal responda a la capacidad y la decencia, y no a las cuotas partidarias que han caracterizado tanto al bipartidismo tradicional como a la administración actual.
