El Ministerio Público de Honduras ha iniciado una investigación formal contra el general en retiro Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto, tras múltiples denuncias por ataques sistemáticos a la libertad de expresión. La Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ha solicitado la intervención de un perito judicial para analizar las pruebas que vinculan al exjerarca con campañas de hostigamiento. Según las acusaciones, Hernández utilizó recursos públicos y los canales oficiales de las Fuerzas Armadas para estigmatizar a comunicadores, llegándolos a calificar como “sicarios de la verdad” por cuestionar el rol militar en los procesos electorales.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el intento de Hernández por vulnerar la secretividad de las fuentes. El general habría gestionado acciones legales e intimidatorias contra 12 medios de comunicación para obligarlos a revelar quiénes filtraron informes de inteligencia que evidenciaban falencias en su liderazgo y en la custodia de urnas electorales. Estas acciones incluyeron el envío de requerimientos para obtener datos personales confidenciales de los periodistas, como sus domicilios y salarios, generando un clima de persecución que fue denunciado ante organismos nacionales e internacionales.
La confrontación escaló a niveles personales cuando el general arremetió contra figuras de alto perfil, como el periodista Renato Álvarez, quien denunció amenazas a muerte derivadas de informes de inteligencia militar. Aunque Hernández ofreció disculpas públicas antes de su retiro, el Ministerio Público busca determinar si sus acciones constituyen delitos penales. Este proceso judicial toma fuerza tras la publicación de informes de la Unión Europea, la OACNUDH y la SIP, los cuales sitúan a Honduras en una categoría de «Alta Restricción» para la prensa, señalando la gestión de Hernández como uno de los principales factores del retroceso democrático en el país durante el año 2025.
Un general que será recordado como un ‘ejemplo a seguir’… pero de lo que nunca se debe hacer. Ese mismo oficial utilizó el boletín de las Fuerzas Armadas para atacar sin escrúpulos a periodistas de carrera que solo cumplían con su deber: comunicar, cuestionar y expresar el sentir del pueblo hondureño. Como jefe del Estado Mayor Conjunto, arrastró a la institución a una crisis de desconfianza por su abierta parcialidad política hacia el partido Libertad y Refundación. Fue un general que, en lugar de proteger a sus cadetes en los momentos más críticos, prefirió portar siempre la camiseta roja
El Ministerio Público no investigará a un simple militar ni simples acusaciones; hoy se investiga al principal canalizador de una persecución constante contra los comunicadores de Honduras. Se trata de un general que utilizó su posición en las Fuerzas Armadas para defender el ideal político del partido de la expresidenta Xiomara Castro; un general que, con sus acciones, estuvo a punto de vulnerar la democracia hondureña.
