En una decisión que redefine el equilibrio interno del Poder Judicial, el Congreso Nacional aprobó una reforma trascendental a la Ley de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La modificación retira facultades administrativas históricamente concentradas en el despacho de la Presidencia para trasladarlas al Pleno de los 15 magistrados.
A partir de ahora, decisiones críticas como los nombramientos, traslados y procesos disciplinarios de jueces y personal administrativo ya no dependerán de una sola firma, sino del consenso de la mayoría del Pleno. La reforma busca, según sus proponentes, democratizar la toma de decisiones y evitar la politización o el uso discrecional de los cargos dentro de la judicatura.
Sin embargo, la medida ha encendido un intenso debate en el sector legal. Mientras algunos sectores aplauden el avance hacia una mayor transparencia y colegialidad, otros advierten que esta fragmentación del poder administrativo podría burocratizar la gestión judicial o responder a intereses de bloques políticos dentro de la misma Corte.
