Más de 3,113 personas privadas de libertad representan actualmente la sobrepoblación en varios centros penitenciarios de Honduras, según advirtió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
La situación afecta a al menos 11 cárceles del país y constituye una vulneración a los derechos humanos, siendo uno de los casos más críticos el de la Penitenciaría Nacional de Támara, que supera su capacidad por más de mil internos. También presentan saturación centros como El Progreso, Morocelí, Danlí, El Porvenir, Marcala, Olanchito y Nacaome.
La oficial de la Defensoría de Personas Privadas de Libertad del Conadeh, Joselin Padilla, explicó que esta problemática genera limitaciones en servicios básicos, atención médica, apoyo psicológico y acceso a la justicia, afectando la dignidad de los internos.
Asimismo, instó a evitar la militarización de los centros penales y avanzar hacia un proceso de desmilitarización que permita que la administración penitenciaria esté en manos de personal capacitado para la rehabilitación y reinserción social, conforme a estándares internacionales.
