El director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, calificó como un paso «positivo» la aprobación del juicio político contra el Fiscal General, Johel Zelaya. Según el representante de la sociedad civil, este proceso es una oportunidad histórica para evaluar el cumplimiento de los deberes de los altos funcionarios, especialmente tras un periodo que puso «en vilo» la estabilidad democrática del país.
Hernández lamentó el deterioro que ha sufrido el ente acusador del Estado en los últimos dos años, señalando que la institución se ha visto debilitada bajo la actual gestión. Para la ASJ, el juicio político no debe verse como un ataque, sino como una herramienta de rendición de cuentas necesaria en cualquier Estado de Derecho.
«El juicio político existe justamente para eso: para probar el cumplimiento de los deberes. En esta ocasión, hay una denuncia clara que establece que no se cumplieron las obligaciones en un momento histórico del país», analizó el director de la ASJ.
Un llamado a la responsabilidad
A pesar de aplaudir la medida, la ASJ hizo un llamado enérgico al Congreso Nacional para que el proceso se maneje con la máxima seriedad. Hernández enfatizó que el objetivo debe ser sentar precedentes serios que eviten futuros abusos de poder y garanticen que los funcionarios electos por el Legislativo respondan ante la ley y la ciudadanía.
Con la suspensión del cargo de Johel Zelaya, la sociedad civil espera que el juicio político se desarrolle bajo el marco de la legalidad, permitiendo que las instituciones recuperen la confianza que se ha perdido en los últimos años.
