La confirmación del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha sumido a México en una crisis de seguridad inmediata. Aunque mantuvo un perfil menos mediático que otros capos históricos, su relevancia era tal que su desaparición ha provocado una respuesta violenta sistemática en gran parte del territorio. La organización, considerada terrorista por Estados Unidos, ha reaccionado con una ofensiva de terrorismo urbano que incluye más de 250 cortes de vías, ataques a comercios y la suspensión de actividades educativas y judiciales en varios estados.

A nivel político, este suceso representa un giro drástico en la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al abandonar la doctrina de «abrazos, no balazos» de su predecesor por un combate frontal, la mandataria ha logrado un triunfo táctico que alivia las tensiones con el gobierno de Donald Trump. La operación, que contó con el respaldo estratégico de la inteligencia estadounidense, se percibe como una respuesta a las exigencias de Washington en un momento de máxima presión diplomática sobre el «patio trasero» de Norteamérica.

El perfil de Oseguera, un exconvicto en EE. UU. que expandió sus operaciones a los 32 estados de México, revela la magnitud del desafío. Su organización no solo dominaba el tráfico de sustancias críticas como el fentanilo, sino que operaba con una estructura paramilitar capaz de desafiar directamente al Estado, como lo demostró el atentado contra el actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La duda que persiste entre los expertos es si este golpe descabezará realmente a la «primera empresa criminal» del país o si derivará en una guerra interna por la sucesión.

El impacto ha trascendido las fronteras mexicanas, activando alertas en toda América Latina. Países como Guatemala han militarizado sus límites fronterizos para prevenir incursiones de células delictivas, mientras que Costa Rica ha endurecido sus controles migratorios para evitar que miembros del cártel busquen refugio en su suelo. La región observa con cautela si este vacío de poder reducirá el flujo de narcóticos o si, por el contrario, generará una ola de inestabilidad similar a la vivida en Colombia durante la década de los 90.