Una investigación del Instituto Cato reveló que miles de migrantes, principalmente de Cuba, Venezuela y Haití, están siendo víctimas de un sistema que cobra tarifas por trámites migratorios que la administración de Donald Trump no tiene intención de procesar.
El perjuicio económico se estima en cerca de mil millones de dólares.
Cifras del estancamiento
El informe, dirigido por el experto David J. Bier, señala que hay más de 1.2 millones de solicitudes paralizadas solo para estos tres países:
- Cubanos: 935,000 peticiones (543 millones de dólares pagados).
- Venezolanos: 239,000 peticiones (138 millones de dólares pagados).
- Haitianos: 81,000 peticiones (56 millones de dólares pagados).
¿Qué trámites están afectados?
El «congelamiento» abarca desde autorizaciones de empleo y residencias por vínculos familiares, hasta asilos, procesos de naturalización y visas de turismo o trabajo.
Según la investigación, el Departamento de Estado ha instruido a su personal para no informar a los solicitantes sobre sus prohibiciones de ingreso, manteniendo el cobro de tasas sin dar respuestas.
Estrategia de desaliento
El estudio atribuye esta situación a memorandos que ordenaron revisar beneficios aprobados durante el gobierno anterior y a nuevas restricciones que afectan ya a ciudadanos de 92 países. Para el Instituto Cato, no se trata de un error burocrático, sino de una estrategia deliberada para incrementar las trabas y desalentar la migración legal hacia los Estados Unidos.
