El caso de Noelia Castillo, una joven de 25 años parapléjica tras un intento de suicidio, ha conmocionado a España luego de recibir este jueves una inyección letal en una residencia de ancianos de Barcelona. En una entrevista televisiva en Antena 3, Castillo expresó con voz firme su deseo de poner fin a su sufrimiento: «Quiero irme ya y dejar de sufrir, eso es todo».
Tras una larga batalla legal, los tribunales españoles y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazaron los recursos presentados por su padre con ayuda de la organización Abogados Cristianos para paralizar el procedimiento, centrando el debate en la capacidad de Noelia para tomar esta decisión.
Castillo atravesó una vida marcada por experiencias traumáticas, incluyendo abuso sexual y dificultades familiares que la llevaron a pasar tiempo bajo tutela del Estado. Desde 2024 solicitó la eutanasia, amparada por la ley española aprobada en 2021, que permite la muerte asistida a mayores de edad en pleno uso de sus facultades con enfermedades incurables o discapacidades graves que provoquen dolor insoportable.
El caso ha generado intensas reacciones políticas y sociales: mientras la presidenta del Congreso, Francina Armengol, defendió su derecho a morir dignamente, Vox y la Iglesia Católica criticaron la aplicación de la ley, considerando la medida una «ejecución» o un «fallo institucional». La polémica ha traspasado fronteras, encendiendo un debate sobre los límites de la eutanasia en jóvenes con discapacidades crónicas graves.
