El partido oficialista salvadoreño, Nuevas Ideas (NI), y sus aliados en la Asamblea Legislativa aprobaron este miércoles la 42 ampliación del régimen de excepción en El Salvador, que suspende garantías constitucionales y ha permitido la detención de más de 88.000 personas, a las que el Gobierno acusa de pertenecer a las pandillas.
La ampliación de la medida, en vigor desde marzo de 2022 y que diversos analistas dicen se ha utilizado para tratar de acallar voces críticas, fue aprobada con 57 votos de 60 diputados y con el rechazo de la oposición, que ha señalado violaciones a derechos humanos.
Esta ampliación implica que seguirán suspendidos por 30 días más el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de tres días, que pasa a quince.
El Órgano Legislativo justificó la ampliación de la medida en que «integrantes de estructuras de crimen organizado no solo participan activamente en la ejecución de actos ilícitos, sino que además desarrollan mecanismos sofisticados para mantener una comunicación constante y efectiva con sus líderes, tanto aquellos que permanecen en centros de detención como quienes han recuperado su libertad».
«Estas redes de información llevan a cabo coordinación de estrategias y transmisión de instrucciones para asegurar la continuidad operativa de las actividades delictivas en diversos territorios. Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de mantener las medidas extraordinarias en el trabajo policial que permitan limitar el margen de acción de tales estructuras», indica el decreto votado en la sesión del Congreso salvadoreño.
El régimen de excepción, que a la fecha deja más de 88.000 capturas, se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
Esta medida se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.