La expresidenta de Perú, Dina Boluarte, destituida en octubre por “permanente incapacidad moral” tras dos años de gestión, solicitó formalmente al Congreso la activación de su pensión vitalicia y otros beneficios reservados a exmandatarios.
Según investigación de Cuarto Poder (RPP), Boluarte envió un oficio al presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, invocando el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 78-2016 para recibir una pensión que podría alcanzar los 35.568 soles mensuales (aproximadamente 9.7 millones de pesos), monto que ella misma aprobó como incremento salarial durante su gobierno).
Además de la pensión, reclama vehículo oficial permanente, 150 galones mensuales de combustible, un trabajador personal con sueldo de 3.700 soles y seguro de salud privado. El especialista Martín Cabrera Marchán explicó que solo una acusación constitucional aprobada por el Congreso podría suspender estos beneficios mientras no haya sentencia condenatoria. Boluarte enfrenta investigación fiscal por las decenas de muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022-2023.