De acuerdo al artículo 232 de la Constitución de la República, el Ministerio Público es el organismo profesional, especializado, responsable de la representación, defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los poderes del Estado y libre de toda injerencia política sectaria. El Ministerio Público goza de autonomía, administrativa, técnica, financiera y presupuestaria; al efecto, en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, tendrá una asignación anual de manera gradual, hasta completar el tres por ciento (3%) de los ingresos corrientes, el Poder Ejecutivo acreditará, trimestralmente anticipadas, las partidas presupuestarias correspondientes. Corresponde al Ministerio Público el ejercicio oficioso de la acción penal pública. En los asuntos de su competencia será ejercida por la Procuraduría General de la República y las acciones que correspondan en su caso a los particulares. Asimismo, tiene el Ministerio Público la coordinación, dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense. Conforme al artículo 233 de la Constitución, la titularidad del Ministerio Público corresponde al fiscal general de la República, habrá, asimismo, un fiscal general adjunto. Estos funcionarios serán electos por el Congreso Nacional, por un período de cinco años, con el voto favorable de por lo menos de las dos terceras partes del pleno del Congreso Nacional.
Si nos remitimos al precepto constitucional riguroso contenido en el artículo 232 de nuestra Carta Magna, desde el momento en que el señor Johel Zelaya asumió el cargo de fiscal general, los hondureños no tenemos un fiscal general electo de manera legal, su nombramiento estuvo plagado de la mayor ilegalidad del mundo. Johel Zelaya fue producto de una directiva usurpadora del Congreso Nacional, la seudo Comisión Permanente no podía sustituir al pleno para elegir al fiscal general. De allí la urgencia de proceder con el juicio político contra el señor Johel Zelaya, aplicarle la sanción correspondiente, conforme el Código Penal y elegir de inmediato en forma legal, según lo establece la Constitución, a un nuevo fiscal general.
El fiscal general Johel Zelaya, quien ejerce de manera ilegal el cargo, agravo su situación ilegitima al haber tenido un desempeño deplorable en el pasado período electoral. Su inclinación a prestarse a los objetivos políticos del gobierno del PLR, desdice su condición de actuar, libre de toda injerencia política como se lo manda la Constitución. Al aceptar convertirse en un peón político de Mel y Carlos Zelaya, renuncio a la independencia en el desempeño del cargo, como se lo establece la Constitución de la República, para convertirse en un instrumento politico del gobierno, prestándose a atentar contra el sagrado derecho de los ciudadanos de elegir a sus autoridades en forma limpia y transparente. Johel Zelaya hizo lo que le mando el gobierno del PLR y el coordinador de este partido. Su parcialidad fue absolutamente notoria, las fotografías donde Johel Zelaya aparece departiendo con la mayor cordialidad con Carlos Zelaya, con Marlon Ochoa y toda la mera cepa del Partido LIBRE, es el testimonio rotundo que Johel Zelaya era otro más de la constelación zelayista, que hacía todo lo posible porque el PLR continuara en el poder de manera indefinida. Johel Zelaya hizo todos los méritos posibles para que el PLR se perpetuara en el poder.
El informe de la Misión de Observación de la UE lo retrata con fidelidad, el Ministerio Público fue instrumentalizado por el gobierno para favorecer a la causa del objetivo político del PLR. Las acciones recientes de Johel Zelaya lo retratan como un militante partidario de LIBRE y no como un fiscal general que nos representa para defender los intereses de la sociedad hondureña. Su negativa a investigar lo concerniente al celebre «narcovideo» publicado por Insight Crime, donde apareció el exdiputado Carlos Zelaya, uno de sus patrocinadores, lo puso entre la espada y la pared.
¿Investigar el «narcovideo»? Eso nunca, habrá dicho Johel Zelaya. Primero muerto antes que ser desleal con mis amigos. Y por supuesto, no ser desleal con su patrocinador al cargo. El problema para Johel Zelaya es que la democracia exige a través del voto ciudadano expresado el pasado 30 de noviembre, que el gobierno y el Congreso Nacional sancionen las grandes decisiones, especialmente las promesas formuladas en la campaña, una de las cuales fue proceder con el juicio político contra todos aquellos funcionarios que atentaron contra el proceso electoral, violando la Constitución de la República.
La pregunta que queda en escena es: ¿votarán los diputados para que se inicie el juicio político contra Marlon Ochoa, Johel Zelaya y demás funcionarios que violaron la Constitución en un asunto lesivo a la soberanía popular como es boicotear las elecciones del 2025? De lo que decidan los diputados del Congreso Nacional, votar o no votar en favor del juicio politico, dependerá que los hondureños sigan teniendo confianza en las elecciones y en los politicos. De eso también dependerá que sobreviva la democracia ¡ojo, pues…!
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 4 de marzo de 2026.
