El concejal Marlon Ochoa, al negarse injustificadamente a asistir a las convocatorias que le formula la presidente del CNE, para atender obligaciones inherentes a su cargo para el que fue electo, incurre en una falta que de acuerdo a las leyes es merecedora de castigo. Ochoa argumenta su irresponsabilidad en que el CNE pretende establecer el principio de la verificación en las elecciones, solo porque a su partido no le conviene, porque la verificación de los votos echa por tierra el mecanismo de fraude, que es la única opción para quedarse en el poder que tiene el PLR, también conocido como LIBRE.
La decisión para adoptar la verificación se tomó en forma colegiada, por el voto de la mayoría, como siempre se ha hecho en el CNE, y como lo reconociera en su momento Rixi Moncada, cuando se votó por simple mayoría la contratación de la empresa contratada por el CNE. La verificación adoptada por mayoría en el CNE está contemplada en la ley que rige el proceso de elección, que establece como principio prevalente que las decisiones se adoptan por mayoría, como se hizo en el proceso electoral de 2021, tal como lo explicó con mucha dulzura la actual candidata del PLR.
La reticencia del concejal Marlon Ochoa es pura rebeldía, una actitud malsana que boicotea la marcha del cronograma electoral, lo cual es punible de acuerdo a la ley, porque toda persona, no digamos un miembro del CNE, que con sus acciones obstruya el desarrollo del cronograma electoral, puede ser acusado por sabotaje, delito que conlleva penas de muchos años de cárcel. La decisión para adoptar la verificación física de los votos, conforme la ley, es por mayoría; esta es una regla que se vincula al principio que establece el artículo 4 de la Ley Electoral para todo el proceso. Así, ningún consenso puede contradecir o desnaturalizar el principio general de la mayoría que rige todos los sistemas aplicables al proceso, conforme lo manda la ley.
El coordinador general del PLR, Mel Zelaya, quiere «enchibolarnos», confundirnos, a todos los hondureños, una habilidad que le brota por el hecho de tener el control de todas las instituciones, algo que ningún Presidente de la República había logrado antes. El alegato de Marlon Ochoa de no atender las convocatorias de la presidente del CNE, según Ochoa para no violar la ley, es el artilugio del delincuente que justifica saltarse las trancas de la ley, para tratar de eludir el peso de la justicia, y si ha logrado comprar la complacencia del juez, además de burlarse de la ley, tiene capacidad para virarse en contra de su acusador, para que sea este el detenido y enviado a prisión.
Este solo es un ejemplo para graficar la actuación de Marlon Ochoa, que por estar protegido por el inmenso paraguas que significa tener a su favor al Ministerio Público, al presidente usurpador del Congreso Nacional y al Poder Judicial, cree que lo tiene todo para invocar la mentira, que es su poderosa fortaleza que le permite desacatar la convocatoria de la presidente del CNE, y a la vez, que puede contraatacarla con el soporte de la mentira, alegando una y otra vez que la verificación fue adoptada para cometer un fraude electoral, lo cual es a la inversa, porque la verificación es el mecanismo natural para evitar el fraude.
Y que bien, que una declaración de la actual candidata Rixi Moncada ofrecida en el 2021, traída al momento, haya servido para desenmascarar a Ochoa, un prototipo recio de la falsedad, pero que esta vez, gracias a un testimonial histórico de hace apenas unos cuatro años, en la voz de Rixi Moncada, sirve para desbaratar el argumento falsario del concejal rebelde que amerita ser encausado por el delito de traición a la Patria. Y en cuanto a los concejales suplentes que se han sumado a la rebeldía por necesidad estomacal, refugiados en las mismas falacias de Marlon Ochoa, también pueden ser enjuiciados por traición a la Patria.
Este asunto del CNE, no solo depende del asidero legal del organismo electoral, en el compendio de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales hay una serie de leyes analógicas que pueden suplir las lagunas que podrían invocar los asaltantes del organismo electoral para imponer decisiones arbitrarias y caprichosas que atentan contra Honduras. Ese tipo de leyes pueden hacer que la rebeldía de los concejales del CNE sea llevada hasta las instancias del Poder Judicial, donde si bien el PLR tiene el control de la Presidencia de este poder, está la Sala de lo Constitucional, que puede conocer un asunto de tanta relevancia para el país por tratarse de funcionarios que están boicoteando el cronograma electoral.
La oposición debe abocarse a una asesoría legal competente, con mucha experiencia, para enfrentar la pretensión del PLR o LIBRE, de imponer en forma arbitraria, decisiones trascendentales por consenso que le permitan manejar a su antojo todas las cartas en el proceso electoral para amañarlo y ganar por la vía del fraude. Porque un consenso sin verificación equivale a propiciar el fraude.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 11 de julio de 2025.