El Gobierno de la Presidente Xiomara Castro, por medio de la Secretaría de Seguridad ha prolongado el «Estado de Excepción» por un período largo que abarca el tiempo de la celebración de elecciones el 30 de noviembre, con lo cual suspende las garantías individuales con la clara intencionalidad de restringir a los ciudadanos las libertades fundamentales como el derecho a la movilización, lo que puede repercutir en un abstencionismo provocado, que es parte del preconcebido fraude electoral del Partido PLR. Para contemplar un «Estado de Excepción» tiene que prevalecer un verdadero estado de urgencia nacional que lleve al Congreso Nacional a la imperiosa necesidad de privar a los ciudadanos de sus garantías constitucionales individuales.
Lo que existe en Honduras es una negligencia oficial de la Secretaría de Seguridad, organismo que ha sido puesto en manos de personas incompetentes y de paso coludidas con el desorden imperante, sin los conocimientos que solo manejan los profesionales especializados en el ámbito de la seguridad ciudadana. Poner a simples oficiales de policía o militares, al mando del ramo de seguridad, ha sido la peor irresponsabilidad de los gobernantes, a quienes hay que imputar el supremo descuido de dejar, por un lado desprotegidos a los hondureños y, por otro lado, permitir que los recursos que deben estar destinados a preservar la seguridad de las personas terminen malgastados en otras actividades como sostener un equipo de fútbol de la liga profesional.
Nos encontramos en un abandono total, con un estamento de seguridad desquiciado, que ahora es usado como aparato represivo para lograr el fin político sectario de garantizar un fraude electoral que haga posible la continuidad en el poder al gobernante Partido Libertad y Refundación, que no podrá ganar limpiamente la próxima elección, si no es por medio de un aparatoso sistema de fraude en el que cuenta mucho tener a mano a una policía y a un cuerpo militar con capacidad ilimitada de reprimir a los ciudadanos amparados en el «Estado de Excepción». Sin contar la triquiñuela del MP de secuestrar documentación del CNE para impedir la contratación del transporte para el material electoral, con lo cual forza al CNE a usar los camiones de las FFAA, lo que deja el material electoral en poder del alto mando militar que preside Roosevelt Hernández.
Ante esta realidad ingrata, propia de un régimen dictatorial, el «Estado de Excepción» es una amenaza a la continuidad del modelo democrático de convivencia por donde se le mire, lo que ha provocado la reacción de la comunidad internacional, expresada en sendos pronunciamientos de la OEA y la Unión Europea, al observar el craso abuso gubernamental que amparado en la quiebra del Estado de Derecho ha impuesto una prolongación del «Estado de Excepción», con la visible intención de manejar las elecciones como una manija que podrá manipular a su antojo para imponerse en forma fraudulenta.
Los llamados de atención de las altas esferas del Departamento de Estado de EEUU, respecto a las intenciones de quienes amenazan con un fraude electoral, no están dirigidos a todos los sectores del país, como «bobamente» lo ha interpretado el infantil canciller hondureño Javier Bú; es una clara advertencia de EEUU al Gobierno de Xiomara Castro y al coordinador y dirigentes del PLR, que al verse perdidos en la arena electoral han urdido un plan fraudulento con mil manas para quedarse en el poder. Y en este plan, orquestar un «Estado de Excepción» prolongada, es el menoscabo diabólico con el cual el PLR, mediante la restricción de las libertades constitucionales individuales, se propone conseguir varios propósitos, desde inmovilizar a los opositores por la coacción policial hasta provocar el ausentismo de las personas en las urnas, por temor a sufrir la represión policial.
Por lo general, cuando el Poder Ejecutivo está en una situación como la que vivimos en Honduras, en que el gobierno está desbocado por ganar a como dé lugar las elecciones generales para mantenerse en el poder, se hace necesaria la intervención del Congreso Nacional, reunido extraordinariamente, y para evitar la gravedad de la amenaza, proceda a revocar la ilegal prolongación del «Estado de Excepción», mediante la derogación con efecto inmediato. Y como se acostumbra en el ordenamiento británico, corresponde al mismo Congreso como parlamento hondureño, sanear las consecuencias declarando irresponsables a las autoridades que hayan adoptado las restricciones de las libertades constitucionales ciudadanas que son derechos sagrados.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 13 de noviembre de 2025.