Cuando se habla de independencia judicial obviamente se está haciendo referencia en principio a la que todo juez o magistrado debe tener en el ejercicio de su función, propia de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Nuestra Constitución es meridiana en este asunto, aunque lo cierto es que tanto los magistrados de la Corte Suprema como los magistrados de las cortes de apelaciones, al igual que los centenares de jueces en las diferentes áreas judiciales, no ejercen su función con absoluta independencia en el desarrollo de la jurisdicción que tienen encomendada, a la que deberían servir con riguroso tecnicismo jurídico.
Sin embargo, lo más grave en este momento es la discutible legalidad del Poder Judicial, porque haber sido seleccionados los magistrados de la más alta cúspide, como es la Corte Suprema, por una junta directiva usurpadora del Congreso Nacional, que conforme el artículo 3 de nuestra Constitución, ejerció en condición ilegal, por haber sido producto de una elección que tuvo un origen de absoluta nulidad. Esta es una situación grave que la sociedad hondureña no puede pasar inadvertida, porque en enero de 2022, con lo ocurrido en el Congreso Nacional, al imponerse en forma violenta y arbitraria a la junta directiva del Congreso Nacional presidida por el exdiputado Luis Redondo, se destruyó por completo el Estado de Derecho. Es en el Congreso Nacional donde se aprueban las leyes fundamentales que dan vida a la multitud de actos jurídicos que rigen la vida de nuestra nación, y si quienes presiden el Congreso Nacional son producto de un acto ilegal, como fue la imposición de la directiva que presidio el exdiputado Luis Redondo, lo que deriva de todos sus actos y acciones son actos nulos.
Desde enero del 2022 en adelante, Honduras ha estado fuera del Estado de Derecho, como en su momento lo dijo el jurista español Azorín: «somos un país sin ley», porque el órgano que ejerce el Poder Judicial ha sido un cuerpo espurio que nació en el marco de la ilegalidad de un parlamento dirigido por una directiva usurpadora, producto de un asalto cometido por un grupúsculo de diputados radicales del PLR que a punta de patadas y empellones desalojaron a los directivos que habían resultado electos por el pleno del Congreso, conforme el protocolo parlamentario. Entonces, que el órgano de gobierno del Poder Judicial tenga la naturaleza de un origen ilegal, hace que se mantenga con la esencia de la ilegalidad, que debe ser corregida con urgencia para que Honduras recupere el Estado de Derecho.
Esto no es cuestión de interpretación ni es algo que puede resolverse acudiendo a la hermenéutica jurídica, porque el art. 3 de nuestra Constitución no deja ninguna duda en su contenido: «nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden Constitucional». Y esto es precisamente lo que estamos haciendo: basados en el artículo 3 de nuestra Constitución nos declaramos en estado de insurrección, demandamos al Congreso Nacional que proceda en el menor tiempo posible a elegir un nuevo Poder Judicial y un nuevo fiscal general para que Honduras pueda retornar al Estado de Derecho, para que el desarrollo de la función pública, que está regida por la Constitución funcione constitucionalmente en forma correcta. En este momento Honduras solo tiene dos poderes legalmente electos: el Poder Ejecutivo con el presidente de la República electo en legal forma, reconocido por el mundo entero, y el Poder Legislativo, con 128 diputados electos en debida forma.
Pero, al continuar la Corte Suprema presidida por la abogada Rebeca Ráquel de Melara, producto del nombramiento por un órgano legislativo presidido por una directiva usurpadora, Honduras queda expuesta a que se diga que la soberanía nacional esta fraccionada al tener dos poderes legítimos, pero con un Poder Judicial espurio, producto de la elección de un Congreso Nacional presidido por una directiva usurpadora. Y la responsabilidad de corregir este grave entuerto, que es el actual Poder Judicial, le corresponde al pleno del Poder Legislativo, que hoy si está regido por la legalidad, por donde se le mire y por donde se le busque, un Congreso Nacional electo legalmente por los cuatro costados.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 2 de febrero de 2026.
