Decíamos la semana anterior que Honduras está en vía de recuperar el Estado de Derecho, destruido casi por completo desde aquel fatídico mes de enero de 2022, cuando el Partido Libertad y Refundación (PLR) tomó por asalto la conducción del parlamento hondureño, mediante una operación orquestada por la misma presidente Xiomara Castro, que personalmente se posicionó en las gradas del edificio del Congreso Nacional para dirigir, como si fuera comandante de tropa, el operativo encargado al diputado Rasel Tomé, secundado por un grupo de diputados radicales del PLR, desalojando a la directiva que presidía el diputado Jorge Cálix, que minutos antes había sido electa conforme el protocolo parlamentario por el pleno de 86 diputados. Desde aquel instante que avergonzó a Honduras ante el mundo entero, nuestro país quedó navegando en los mares de la ilegalidad, porque todo lo que provino de aquella directiva espuria, que actuaba en condición usurpadora, estaba descalificado por la ilegalidad.
Al triunfar la democracia el 30 de noviembre anterior, se abrieron de nuevo las compuertas de la democracia y como es natural, conforme al ordenamiento jurídico, compete al Congreso Nacional poner orden en el país, es en el parlamento donde se deben aplicar las primeras sanciones a todos los aún son funcionarios y que representan una prolongación de la lacra antidemocrática que aún permanece incrustada en varios órganos institucionales. El jueves por la noche, el Congreso Nacional, conforme se lo faculta la Constitución de la República, aprobó la implementación del juicio político contra el consejero del PLR en el CNE, Marlon Ochoa, contra el magistrado en el TJE, Mario Morazán y otros funcionarios. El resultado ha sido elocuente: el juicio político fue aprobado por el voto de 91 diputados de la oposición, excepto el voto de los diputados «nasrallistas» Iroshka Elvir de Nasralla y el diputado Alejandro Canelas.
Todos los sancionados con el juicio político tendrán derecho a defenderse ante una comisión de diputados que quedan encargados de rendir un informe al pleno, que es la máxima autoridad del Congreso. La sanción a Marlon Ochoa y Mario Morazán no es una persecución como lo pregona Ochoa, el juicio politico es la herramienta constitucional contemplada en el artículo 234 de la Constitución de la República para aplicarse a los altos funcionarios cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño de su cargo, por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República y en contra del interés nacional.
Marlon Ochoa, Mario Morazán y los demás funcionarios sancionados cometieron el delito grave de obstruir el proceso electoral, Marlon Ochoa fue la punta de lanza para echar a perder las elecciones primarias, al tiempo que desarrollo un sistemático ataque con hostigamiento contra la consejera Cossette López. Su misión era la de impedir el proceso electoral, sus actuaciones marrulleras a lo largo de 2024 y 2025 brillaron por la intención malsana de malograr el derecho de los hondureños a elegir nuevas autoridades. Era obvio que el PLR encargó a Marlon Ochoa la tarea más delicada que era, primero hacer fracasar las Elecciones Primarias ocultando las urnas para desestimular a los electores. Luego complicó los tiempos de los pasos del itinerario electoral con el objetivo malvado de entorpecer el proceso, incluso con el diabólico objetivo de impedir la declaratoria del resultado electoral. Marlon Ochoa fue el capitán visible del fraude electoral. Su misión infernal era orquestar el fraude electoral, porque el PLR no tenía ninguna posibilidad de ganar en forma limpia.
Así que, aplicarle la sanción a Marlon Ochoa es cuestión de hacerle justicia al electorado hondureño, que observaba casi consternado como un simple «pillo» estaba a punto de robarnos el sagrado derecho de ejercer el sufragio para elegir a las nuevas autoridades. El PLR, desesperado al ver que tenía cero posibilidades de ganar las elecciones, con una candidata antipática, que nunca levantó simpatía electoral, instruyó a Marlon Ochoa, para que acudiera al más vasto repertorio de marrullerías con que cuenta el PLR. Marlon Ochoa hizo lo que pudo, pero su capacidad malévola se quedó pequeña ante el ímpetu electoral de la inmensa mayoría de hondureños que acudió a las urnas con el consabido propósito de salvar la democracia, sacando del poder al gobierno autoritario del PLR.
Las decisiones que está tomando el Congreso Nacional no tienen nada que ver con la deleznable persecución política que practican los gobiernos autoritarios. El Congreso Nacional actual es un parlamento legítimo, electo en forma transparente, diametralmente opuesto al parlamento presidido por una directiva usurpadora con Luis Redondo a la cabeza. Las decisiones se están tomando en un pleno robusto, conformado por 91 diputados de la oposición. Con una reducida abstención de dos diputados nasrallistas que se identifican con la causa del PLR.
Los juicios políticos se están aplicando porque así se lo exige al Congreso Nacional el pueblo hondureño, que demanda que los políticos no hagan causa común con la impunidad. Los dos infortunados diputados que le dieron la espalda al juicio politico contra Marlon Ochoa y Mario Morazán son abanderados de la impunidad. En cambio la oposición mayoritaria conformada por 91 diputados se glorificaron al respaldar la consagración de la democracia.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 10 de abril de 2026.
