El último informe del Departamento de Estado de EEUU sobre narcotráfico, corrupción y organizaciones criminales, coloca de nuevo a Honduras en la picota de la corrupción, al afirmar que «la corrupción dentro de las instituciones hondureñas sigue siendo un problema importante», «la corrupción sigue siendo un problema generalizado que obstaculiza la capacidad de combatir el narcotráfico»; ambas afirmaciones del Departamento de Estado señalan al gobierno y responsabilizan a las instituciones como el Ministerio Público, Congreso Nacional y Corte Suprema de Justicia, por obstaculizar la capacidad para combatir el narcotráfico.
El informe del Departamento de Estado señala que el Congreso Nacional aprobó una ley que otorga una amplia amnistía a exfuncionarios públicos que sirvieron durante el gobierno del expresidente Manuel «Mel» Zelaya (2006-2009), esposo de la Presidente Xiomara Castro. El informe del Departamento de Estado contra la corrupción enfatiza que en 2024, la Corte Suprema de Justicia confirmó la constitucionalidad de la Ley de Amnistía que ha permitido que exfuncionarios públicos condenados por corrupción se reincorporarán al servicio público.
El informe del Departamento de Estado hace un señalamiento grave, cuando pone en duda la voluntad del Gobierno de Xiomara Castro para combatir la corrupción, al describir que «el año pasado 2024, muy pocos altos funcionarios enfrentaron procesos penales o civiles por corrupción, relacionada con el narcotráfico, lo que permitió que la impunidad debilitara el marco legal de Honduras. El Departamento de Estado le lanzó una estocada al Ministerio Público al referirse que el 3 de septiembre del año pasado 2024, una organización no gubernamental estadounidense publicó un video donde aparece el exsecretario del Congreso, Carlos Zelaya, cuñado de la Presidente Xiomara Castro y hermano del expresidente Mel Zelaya, reuniéndose con conocidos narcotraficantes durante la campaña presidencial de 2013 de la entonces candidata Xiomara Castro.
Esta última parte del «narcovideo», extraída de manera íntegra del informe del Departamento de Estado, extraña sobre manera, por ser un hecho que aunque en su momento causó bastante revuelo, a estas alturas se ha diluido, al no mostrar el Ministerio Público ningún interés en ocuparse del escandaloso video, lejos de eso, en su momento, el fiscal general Johel Zelaya trató de minimizarlo al atribuirle tintes políticos. Quizás por esta conducta del fiscal general Johel Zelaya, es que el Departamento de Estado lo rescató y lo reactualizó, casi como una excitativa a la opinión pública hondureña para que continúe ocupándose de la importancia del «narcovideo», pues de otra manera no tendría sentido que en un informe tan posterior al 3 de septiembre del 2024, el Departamento de Estado vuelva a citar como elemento sustancial que muestra la corrupción por narcotráfico, el vídeo donde el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, aparece departiendo sobre negocios y reparticiones de dinero, que según sus propias palabras, la mitad debería ser para el comandante.
Es significativamente sospechoso que el Departamento de Estado no hiciera referencia a la intención de la Presidente Xiomara Castro, de suspender el tratado de extradición con EEUU, hecho que aunque no fue consumado del todo, porque la acción suspensoria corresponde al Congreso Nacional, la implicación de la intencionalidad de cortar las extradiciones era un zarpazo a la lucha contra la corrupción, lo que denota algo sumamente interesante que, manejado a manera de hipótesis, podría entenderse que el Gobierno de la Presidente Xiomara Castro al más bajo perfil comunicó a EEUU que las extradiciones se mantienen, bajo ciertas condiciones que el gobierno de EEUU habría aceptado, como por ejemplo, no insistir en extradiciones de funcionarios del actual gobierno.
El otro hecho al que no hace referencia el informe del Departamento de Estado es la amenaza que hiciera en su mensaje de fin de año 2024 la Presidente Xiomara Castro, de suspender la base de Palmerola como respuesta a las amenazas de deportaciones masivas de hondureños. Y sin embargo, que el informe se refiera al «narcovideo» donde apareció Carlos Zelaya, a manera de insistencia, da la impresión que el Departamento de Estado bajo el gobierno de Trump se desliga de los compromisos que pudo haber contraído el Departamento de Estado en el gobierno de Joe Biden. Porque, como lo afirmó el domingo anterior en una entrevista al colega Héctor Ordóñez, el abogado Arthur Estopiñán, asesor de las altas esferas de las cámaras senatoriales de EEUU, son dos gobiernos diferentes, al advertir que Trump califica de terroristas a los narcotraficantes.
Sin duda que el último informe del Departamento de Estado sobre corrupción y narcotráfico pone a Honduras en la picota, dirigiendo sus baterías especialmente contra el Congreso Nacional, haciéndolo responsable de aprobar una Ley de Amnistía que privilegio a exfuncionarios públicos en el Gobierno de Mel Zelaya, que al ser constitucionalizada por la Corte Suprema le dio un baño de impunidad a exfuncionarios condenados por corrupción, quizás amparándose tanto el Congreso Nacional usurpado por Luis Redondo, como la Corte Suprema al servicio del gobierno, que si bien en LIBRE hay corruptos, estos son a toda honra «corruptos honrados».
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 22 de abril de 2025.