En una medida contundente orientada a la «legalidad y juridicidad administrativa», la Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC) ha emitido una declaratoria general que deja sin valor y efecto todos aquellos contratos laborales firmados por la administración anterior que pretendían prolongar sus efectos después del 27 de enero de 2026.
La decisión, plasmada en un comunicado oficial, busca sanear la administración pública y evitar compromisos que carezcan de la habilitación constitucional o legal suficiente.
El principio de legalidad como sustento
El documento establece claramente que la Administración Pública solo puede obligarse válidamente conforme al ordenamiento jurídico.
Señala dos criterios clave para determinar cuándo un contrato trasciende ilegalmente un período de gobierno:
1. Cuando su ejecución u obligaciones de pago se proyectan más allá del término del gobierno que lo suscribió, comprometiendo a la administración entrante.
2. Cuando no consta el cumplimiento del requisito constitucional y legal de aprobación/ratificación por parte del Congreso Nacional en los casos exigibles.
Si se configuran estos escenarios, se genera un «déficit de habilitación» que impide reconocerle eficacia obligatoria al contrato.
¿Qué significa la declaratoria?
Bajo la disposición PRIMERO del comunicado, la ANSEC «DECLARA la ineficacia frente a la Administración Pública, a partir del 27 de enero de 2026, de los contratos, en cuanto pretendan producir o prolongar efectos dentro del actual período de gobierno».
Esta medida tiene carácter de aplicación inmediata y obligatoria para todas las dependencias del Estado.
Adicionalmente, el comunicado especifica que:
• Todos los dictámenes de autorización de contratos que se hayan realizado aprobando extensiones más allá del período del Gobierno anterior quedan sin valor ni efecto.
• Se anula específicamente el numeral 9, del inciso B) del capítulo I, lineamientos de contratación para el 2026 de la circular 28-2025 emitida en fecha 30 de diciembre del 2025.
Esta acción marca el inicio de una revisión exhaustiva de la planilla estatal y ha generado un ambiente de incertidumbre entre miles de empleados que contaban con la continuidad de sus contratos.
