John Locke, el padre del liberalismo, sostuvo en su histórica expresión «Trust is the confidence», traducida como «la palabra clave es confianza», que, confianza es la categoría central y el cimiento ético-politico de un gobierno, definiendo la relación entre el pueblo y sus gobernantes como «un poder fiduciario» o fideicomiso. Lo que debe interpretarse, que el gobierno actúa bajo la confianza de proteger los derechos inalienables de los ciudadanos, como el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad, pero, si en un determinado momento el gobierno llega a romper esa confianza, los ciudadanos tienen derecho a la resistencia legitima. Aqui, los puntos clave de la confianza, según John Locke, son: el poder fiduciario que significa que la soberanía reside en el pueblo, que confía la autoridad al gobierno que elige. No es una cesión total de derechos, sino un encargo. El gobierno no es dueño ni amo del poder, según John Locke, el gobierno nada mas es el encargado.
Traemos el concepto del padre del liberalismo clásico, John Locke, porque en este momento el gobierno electo pareciera dudar de cumplir sus promesas formuladas a los electores respecto a hacer justicia. El clamor de los ciudadanos es que, sin contemplaciones, se proceda con el juicio politico a los exfuncionarios que intentaron boicotear el proceso electoral el pasado 30 de noviembre. Los hondureños tienen bien grabados los nombres de Johel Zelaya, Marlon Ochoa, Luis Redondo, Roosevelt Hernández, un cuarteto que permanece en la memoria de los electores, que, desde el 9 de marzo, resintieron los ataques de estos cuatro infortunados personajes que hicieron todo lo posible por robarse la voluntad popular de los hondureños para elegir a las nuevas autoridades.
No sucedió así porque los electores fuimos tocados en nuestro orgullo y respondimos como mejor sabemos hacerlo las personas decentes: con todo el coraje para no dejarnos pisotear nuestra dignidad. El 9 de marzo, aguardamos con verdadero valor estoico en nuestro centro de votación durante 12 horas, la llegada de las urnas y el material electoral. Y cuando esto sucedió, en nuestra urna en la Escuela de Medicina, mientras subíamos las gradas para ir al tercer nivel donde estaba la urna en que nos correspondía votar, el oficial militar que custodio el material, se disculpó con mucha pena, diciendo: «señor, nuestro nivel no es culpable de este relajo». Esa disculpa no me dejo ninguna duda que aquel militar nos habló con la verdad y que el alto mando presidido por Roosevelt Hernández era el responsable del atentado a la soberanía popular.
El papel del consejero del PLR, Marlon Ochoa, fue boicotear por encargo el proceso electoral, por lo tanto, debe ser objeto de enjuiciamiento politico para deducirle responsabilidades conforme a la ley. El fiscal Johel Zelaya, instrumentalizado al servicio del objetivo del PLR de boicotear el proceso electoral, se prestó a la infamante maniobra de intimidar y perseguir a las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, al punto de querer impedir que se hiciera la declaratoria del resultado de las elecciones. Aparte de que, el fiscal Johel Zelaya es producto de un nombramiento ilegal que nació de una directiva usurpadora del Congreso Nacional.
El diputado Luis Redondo, que usurpo la presidencia del Congreso Nacional producto de una imposición violenta, hizo todas las maniobras posibles por evitar el desarrollo del proceso electoral hasta el último día en que, fuera de todo marco legal, exigía que se violara la ley para invalidar la voluntad popular del pueblo hondureño. El Poder Judicial, dirigido por el PLR por medio de Rebeca Raquel de Melara, cuyo origen es ilegal al resultar ungida por una directiva usurpadora del Congreso, forma parte de esa piara infamante que fue cómplice de la embestida atentatoria, orquestada por el PLR para boicotear las elecciones.
El Congreso Nacional no puede eludir su responsabilidad para proceder con el juicio político contra todos estos malos hondureños, verdaderos traidores a la Patria, por crear todas las condiciones para malograr el proceso electoral e impedirnos a los hondureños ejercer nuestro sagrado derecho a elegir en forma limpia a las nuevas autoridades. Se da por supuesto que hay democracia, allí donde se celebran elecciones, aunque sea bajo amenazas para evitar que los ciudadanos expresen su voluntad real a través del voto. Todos los mencionados: Marlon Ochoa, Johel Zelaya, Luis Redondo, Roosevelt Hernández y el Poder Judicial presidido por Rebeca Raquel de Melara, son acreedores del juicio politico. Si el Congreso Nacional rehúye a cumplir su deber, estaría faltando a la confianza depositada por los hondureños en las urnas. Estaría burlando la confianza de los hondureños, lo que inevitablemente se traduciría en un abstencionismo peligroso o un ausentismo de los hondureños en las próximas elecciones.
El Congreso Nacional debe proceder con el juicio politico, si no sucede así, estaríamos ante una falsificación de la democracia, es decir una democracia pervertida, que es la forma más plena de ilegitimidad. Y así, los hondureños dirán: ¿PARA QUE VOTAR, PARA QUE ELECCIONES? ¿Saben los diputados del Congreso lo que significaría eso? La muerte de la democracia y el inminente regreso al poder de los autoritarios por medio de cualquier partido.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 19 de febrero de 2026.
