La práctica de la ilegalidad en Honduras se ha vuelto una cultura inveterada, más bien un vicio, desde que la clase política y algunos gobernantes le encontraron un vasto agujero a la institucionalidad, que ha venido flaqueando en los últimos tiempos para aceptar como algo normal, que lo ilegal pase como si fuera una norma. Esto nos ubica en el contexto mundial como una nación «suigéneris», donde el incumplimiento de las leyes es celebrado como algo deconstructivo, pero, como favorece a los gobernantes y a los políticos, no solo es aceptable sino que de paso forma parte de la historia, aunque constituya un precedente funesto.
Estamos en la plenitud de la carrera de la negatividad elevada a la categoría de reinado, desde los altos niveles de los poderes públicos hasta las elites de la política. Bastan unos pocos ejemplos para ver como la ilegalidad se está imponiendo en Honduras como algo natural. En el conflicto, que no es debate, que acontece en el CNE, la ilegalidad con que se presumen los hechos para descartar la majestuosidad de la ley es verdaderamente terrible. En el CNE, que por la naturaleza de ser un órgano colegiado, las decisiones se deben tomar por el orden prevalente de la mayoría de votos, como lo admitiera la candidata del PLR, Rixi Moncada en el 2021, hoy, la misma candidata en un soberbio desplante, en función de su interés personal, exige que las decisiones del CNE se hagan por consenso, intentando imponer una manifiesta ilegalidad que solo le será posible porque el gobierno controla las instituciones claves del Estado, que le permiten manipular la interpretación de las leyes en forma incorrecta.
El problema se agranda cuando los que deben oponerse a esta cultura malsana, se doblan y se someten a los practicantes de la ilegalidad, como lo estamos viendo en el CNE, ante la terquedad del partido gobernante de imponer la tesis del consenso, un invento usado como arma para desmontar la esencia jurídica de la ley que prevalece en la doctrina de las mayorías en la toma de decisiones. Cuando uno de los miembros del CNE, usando argumentos que no tienen relación con la aplicación de la ley que regula el máximo organismo electoral expresa que, basada en defender el precepto legal para evitar que las actuaciones del consejo sean declaradas ilegales, no le queda más que pasarse del lado de los defensores y practicantes de la ilegalidad, termina por extenderles carta de ciudadanía a la voluntad de todos los que predican que lo ilegal es lo mejor porque esa es su voluntad y punto.
A esta situación lamentable han llevado a Honduras los malos de la película, con la gravedad de que se han adherido con igual cuota de responsabilidad los considerados buenos, que supuestamente defienden la democracia, y que creen que con acuerdos que violan la ley, porque así lo dictan las reglas de la política vernácula, es la única forma de salvar los escollos de los enredos que crean los barones de la política, que se consideran los amos del destino de Honduras y los hondureños. Esto es una especie de juego y vicio a la vez, el juego de la ilegalidad, que se impuso como una práctica manifiesta desde el primer momento del Gobierno de Xiomara Castro, cuando en forma arbitraria se desconoció la elección legal de la junta directiva del Congreso Nacional, para imponer a fuerza de golpes y patadas a una directiva usurpadora que era la que quería la Presidente Xiomara Castro, en una abierta intervención de la mandataria en el Poder Legislativo.
De allí en adelante, toda una sarta de irregularidades que por ser completamente ilegales, debieron sacudir los cimientos de la sociedad hondureña, se fueron abriendo paso con la mayor normalidad, aceptados por los sectores de oposición que con una cobardía pasmosa, se volvieron cómplices directos de las ilegalidades, faltando a su deber cívico-político de hacer trinchera en el Congreso Nacional para hacer que se respetara la Constitución y las leyes. Así que, hoy la consejera Ana Paola Hall anuncia su decisión de poner su cargo a la disposición, lo que no es una renuncia propiamente, sino simplemente el ejercicio de un derecho que le asiste de ir al Congreso Nacional que la eligió para el cargo, para que sea este Poder del Estado, el que decida si le concede la petición de ser sustituida, o por el contrario la ratifica en el cargo, lo cual no deberá tomarse como un cheque en blanco para que la concejal quiera irse por los caminos retorcidos, donde podrá actuar tan independientemente que no tendrá el deber de escuchar los mandatos del partido político que supuestamente representa en el máximo organismo electoral.
A todo esto nos lleva la práctica de la ilegalidad, porque infortunadamente, casi todos los acuerdos y pactos que celebran las élites que forman los barones de la política hondureña, se sustentan desgraciadamente en la ilegalidad, con el «sambenito» de que todo se hace para salvar a Honduras, cuando lo cierto es que cada vez que se le concede carta de ciudadanía a la ilegalidad, nuestro país se hunde en la desgracia, porque la aceptación de la ilegalidad para deshacer los entuertos políticos, es el peor de los males que ha hecho de Honduras un país condenado a vivir en la miseria moral.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 17 de julio de 2025.