Quiero comenzar este comentario haciendo un llamado a todos los hondureños, especialmente a las generaciones más jóvenes, para que se preocupen por conocer nuestra norma fundamental, que es la Constitución de la República, y se inspiren en sus principios y valores, porque la fe en la esencia de nuestra Constitución es también la fe en lo mejor que queremos para nuestro país, porque la Constitución nos indica quiénes somos y quiénes seremos en el futuro. Nuestra Constitución data de 1982, y salvo algunas modificaciones, unas necesarias, otras no tan necesarias, ha tenido valor como texto capital de los hondureños al regir nuestra convivencia como sociedad y como comunidad política. Nuestra Constitución ha merecido el respeto de los hondureños, excepto por Mel Zelaya, que en el 2008 le lanzo una serie de epítetos groseros con el propósito de denigrarla al extremo, para pulverizarla y sustituirla por otra que se acomodara a las ideas marxistas-populistas.
Nuestra Constitución, que data de 1982, no tuvo su origen en ninguna imposición, tiene la virtud de ser producto en un momento histórico, cuando los militares que venían de una larga dictadura desde 1963 hasta 1980, en que el último jefe de esa horneada castrense que se apoderó de la conducción de Honduras decidió que las FFAA debían regresar a sus cuarteles, excitando a los partidos políticos a reasumir la dirección de la vida pública. Ese fue un momento verdaderamente histórico, que podríamos definir como la «Transición más importante del siglo pasado», transición con «T mayúscula», por la ejemplaridad del cambio: los militares se retiraron a sus cuarteles devolviendo la conducción del país a los civiles.
A mi juicio, el lapso entre 1977 hasta 1982 fue un período exitoso para la democracia hondureña, que germinó, nació y creció gracias a los principios esenciales del diálogo, el consenso y la concordia, aspectos que se derivan de la «amistad cívica» que tanto reclamaba Aristóteles, y cuya aplicación sigue siendo tan necesaria en Honduras. La Constitución de 1982 fue un pacto entre todos los sectores políticos y sociales de aquel momento cuando la sociedad hondureña había perdido la práctica del ejercicio electoral democrático. En la Constitución de 1982 los actores lograron articular un pluralismo razonable surgido del debate de ideas y no de la confrontación, un verdadero proceso de integración que recogió el genuino interés general como en su momento lo expresó el expresidente Carlos Roberto Flores Facussé. Y ello, en un clima, donde a pesar de las más serias dificultades, como el surgimiento de grupos guerrilleros, pudo primar la concordia que es el clima propicio en el que el dialogo y el entendimiento pueden progresar.
Debemos rememorar que los más diversos ámbitos políticos y sociales dejaron de lado planteamientos ideológicos y posiciones personales, y contribuyeron a que nuestra Carta Magna se convirtiera en una imprescindible realidad que ha logrado sostener la democracia, pudiendo vencer la maraña de trampas que durante los 4 años pasados urdió el gobierno del PLR, con Mel Zelaya a la cabeza, intentando socavar la democracia para instaurar una dictadura marxista populista. Gracias a las sólidas bases de la Constitución de 1982, los hondureños supimos defender nuestra vida en libertad como la propugna nuestra Carta Magna.
La Constitución de 1982 es tan solida que transmite su poder a los factores de la democracia para evitar que la destrocen los actores perversos, ponemos ejemplos: a la señora Rebeca Ráquel de Melara no le mermaron facultades, conforme el art. 315 de la Constitución, el Congreso Nacional lo que hizo fue ponerla en su lugar, haciendo que se limite a cumplir el mandato que le establece el texto: ser representante del Poder Judicial, pero debiendo tomar las decisiones con el pleno de la Corte y no en forma individual como lo estaba haciendo en forma abusiva Rebeca Ráquel de Melara. Asimismo, la Constitución obligo al Congreso Nacional a defender sus atribuciones, contenidas en el art. 205, entre las cuales están: crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. Respecto a estas facultades, el Congreso Nacional no tiene limitantes como lo aseveró con una cruda ignorancia la presidente de la Corte, señora Rebeca Ráquel de Melara.
La Constitución de 1982 no admite barbaridades, no acepta que un presidente del Congreso Nacional sea impuesto a fuerza de golpes y empellones como se impuso al diputado Luis Redondo, y no contempla que un presidente en condición usurpadora nombre a su gusto una seudo Comisión Permanente como lo hizo el diputado Redondo. Nuestra Constitución del 82 recogió decisiones primordiales sobre la forma de Estado y de gobierno, democratizó la relación entre la sociedad y el aparato estatal, algo que fue distorsionado durante los últimos cuatro años que nos desgobernó el PLR con Xiomara Castro como presidente, pero que se pudo salvar en las elecciones del 30 de noviembre, gracias a que la Constitución establece la valiosa salvaguarda del CNE, que fue baluarte con dos valientes consejeras, dos profesionales de altura que demostraron estar curtidas de la suficiente amistad cívica de la que hablaba Aristóteles.
En fin, con estos resultados tan contundentes, podemos concluir que salir ilesos del embotellamiento inconstitucional que nos impuso Mel Zelaya y el Gobierno de Xiomara Castro, es fruto de nuestra Constitución vigente de 1982, la más estable y consensuada de la historia de nuestro país. Sin duda que es la Constitución que mayores beneficios en todos los órdenes nos ha ofrecido a los hondureños.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 26 de febrero de 2026.
