En primer lugar, categóricamente queremos decir que no tenemos confianza en las declaraciones de la señora presidente de la Corte Suprema de Justicia, siendo que la abogada Rebeca Ráquel de Melara pertenece al clan familiar que controla el Gobierno de Xiomara Castro. Hablar hoy de un Poder Judicial controlado por la élite familiar del PLR, es hablar de un órgano de justicia propio y ajustado a los intereses del partido gobernante, y por lo tanto, equívoco e inadecuado. Un ejercicio grandilocuente de que la Corte Suprema está al servicio de las directrices del PLR, lo hace la misma doña Rebeca de Melara, al ofrecerse personalmente para manejar el caso de los magistrados del TJE, cuando lo que corresponde es secundar la decisión inicial del Poder Judicial de declarar inadmisible la acción del Ministerio Público, sencillamente por no proceder, porque los magistrados del TJE no tienen ninguna jurisdicción en el área judicial, y viceversa, por lo que doña Rebeca desde un primer momento debió declarar que, habiéndose ya pronunciado el Poder Judicial sobre el caso de los magistrados del TJE, cualquier otra acción del Ministerio Público sobre el mismo hecho debe ser declarada igualmente inadmisible.
Son muchas las reflexiones que suscita la actuación de la Corte Suprema de Justicia, pero este caso de los magistrados del TJE nos hace ponernos en alerta, porque todo apunta que el PLR busca desmantelar dos organismos fundamentales para asegurar su operativo fraudulento: el CNE y el TJE. Al emprender un acoso contra la consejera Cossette López del CNE y los dos magistrados, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona del TJE, el objetivo del PLR es tener dentro de ambos organismos a sus peones incondicionales que le puedan validar el fraude electoral, por el que han venido trabajando de manera incesante durante los casi cuatro años de gobierno, porque LIBRE no se ha dedicado a gobernar, en estos cuatro años el gobierno y el Partido PLR se han dedicado a construir los mecanismos de fraude para perpetuarse en el poder.
Hoy más que nunca, en Honduras, el poder que se encarga de juzgar es nulo, ante el reconocimiento de la centralidad que ha hecho el Gobierno del PLR, tanto del Ministerio Público como de la Corte Suprema de Justicia. Y si no miremos el caso de los dos magistrados del TJE, cuya labor se contrae por designación constitucional al campo electoral. Lo suyo no es dirimir asuntos de justicia común, que es exclusivo de los tribunales de justicia, el campo de los magistrados del TJE es exclusivamente electoral, por lo tanto, no debe haber ninguna confusión que pueda ligar lo electoral con lo judicial. Al decidir la presidente de la Corte Suprema, Rebeca de Melara, tomar parte en el caso de los dos magistrados del TJE, despierta harta sospecha de que ha recibido instrucciones del alto mando del gobierno y del Partido PLR para emitir una resolución preñada de ilegalidad, que le romperá el cuello al mismo poder que preside para encausar ilegalmente a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral.
Si eso llegara a ocurrir, la sociedad hondureña debe ponerse en alerta, porque al implicarse la presidente del Poder Judicial en una ilegalidad monstruosa significaría que la abogada Rebeca Ráquel de Melara ha mudado su despacho al área de la ilegalidad, donde está todo lo jurídicamente impropio. En Honduras, uno de los rasgos definidores de nuestro marco democrático es la garantía de independencia efectiva de los funcionarios que integran el Poder Judicial para administrar justicia. Pero dándose el caso que sea la misma Presidente de la Corte Suprema de Justicia la que pisotee la independencia interna que debe prevalecer entre los magistrados, y habiendo una resolución anterior del mismo Poder Judicial que declaró inadmisible una acción legal contra los dos magistrados del TJE, por tratarse de un asunto electoral, la presidente Rebeca Ráquel de Melara cometería un verdadero sacrilegio antijuridico, una profanación al marco legal que establece con claridad la división entre lo propiamente judicial y lo específicamente electoral, que es algo que la abogada Rebeca Ráquel de Melara no puede ignorar.
Pero, si ese fuera el caso y la presidente de la Corte Suprema, Rebeca de Melara, estuviera confundida, creyendo que lo judicial y lo electoral son la misma cosa, es nuestro deber ciudadano recordarle que el Poder Judicial se configura sobre la garantía capital del principio constitucional de la legalidad, estableciendo la responsabilidad cuando los funcionarios actúan en forma arbitraria. Y el mismo Poder Judicial está en el deber de castigar a sus funcionarios cuando estos se apartan del marco de la ley para resolver asuntos donde asalta el interés político.
La opinión pública, donde habemos muchos egresados de la Escuela de Leyes, está pendiente y ha puesto fija la mirada en la actuación de la presidente de la CSJ, Rebeca Ráquel de Melara, en el caso de los dos magistrados del TJE, que por ser un asunto meramente electoral, no deben ser sometidos a ninguna acción legal en el marco del Poder Judicial. Pero, si la señora presidente del Poder Judicial persistiera en el error en forma premeditada, debemos inferir que actúa no por ignorancia de la ley, sino atendiendo las ordenes de quienes la pusieron en el alto cargo para impartir injusticia.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 12 de noviembre de 2025.