Un gobierno puede hacerse el harakiri y desangrarse por sí mismo, por lo mal que hace las cosas y también por todo lo que deje de hacer. El Gobierno de la Presidente Xiomara Castro envió la semana pasada el peor mensaje a los inversionistas y a los turistas extranjeros, al no impedir que elementos antisociales invadieran predios privados, legalmente ocupados durante dos décadas por ciudadanos canadienses, en el histórico puerto de Trujillo. La propiedad de ciudadanos canadienses, personas adultas que escogieron Trujillo para retirarse a un lugar apacible, no creaban conflictos en el lugar, durante casi 20 años estuvieron bien reputados como personas que adquirieron predios donde se fincaron para vivir y atender a los visitantes.
Las veces que visitamos Trujillo escuchamos solo buenas referencias de los retirados canadienses, se trataba de personas respetuosas de las leyes, laboriosas y emprendedoras. Hasta que en el actual Gobierno de Xiomara Castro fueron víctimas de la delincuencia y la criminalidad, amenazados en su integridad física y sus bienes, sin protección de las autoridades, por lo que decidieron abandonar su propiedad y huir de Honduras. Este, sin duda, es el peor mensaje que el Gobierno de Xiomara Castro puede enviar al mundo. Lo triste es que la queja de los ciudadanos canadiense no mereció la mínima disculpa del Gobierno de Xiomara Castro, en su lugar apareció la lúgubre figura del diputado Juan Barahona justificando este tipo de acciones porque según don Juancito, el diputado de la gorra, lo sucedido no puede llamarse invasiones sino reclamaciones de tierra.
Es la clásica afirmación de la impunidad a los delitos cometidos, que es la conducta de los populistas, que siempre niegan los hechos y los abusos invocando cualquier justificación lo que es muy propio en la sociedad delictiva. Cuando hechos tan negativos como los ocurridos en Trujillo contra ciudadanos canadienses son tan visibles ante la opinión pública nacional y extranjera, los siguen negando. El descaro con que lo ha hecho el diputado Juan Barahona es una descalificación desproporcionada de la verdad de los hechos. Los canadienses fueron despojados de sus bienes que para ellos era una inversión de veinte años, en lo que creyeron que era su segunda Patria, a la que le apostaron inversión económica, esfuerzos y dedicación.
Hasta que una gavilla de delincuentes que gozan de la complacencia de las autoridades policiales y militares de Trujillo los intimidaron, amenazándolos y obligándolos a abandonar sus bienes, prefiriendo abandonarlo todo y regresarse a su país de origen. No hubo ninguna acción de la Policía ni de la Secretaría de Seguridad en general para salvaguardar a los ciudadanos canadienses y sus bienes. La Secretaría de Seguridad, que se mantiene postrada en una profunda oscuridad, no hizo nada por garantizarles a los canadienses su derecho a la propiedad de acuerdo a las leyes hondureñas. De esta manera, tanto el gobierno como la Secretaría de Seguridad presumen su irresponsabilidad.
¿Qué interés puede tener el Gobierno en no perseguir el delito de invasión a la propiedad privada? ¿Qué le lleva al Gobierno de Xiomara Castro a permitir que un grupo de delincuentes invadan una propiedad privada y obliguen a sus propietarios a abandonar el país? ¿Se trata de impotencia o indolencia legal, o de simple ineficiencia burocrática? ¿Cómo es posible que estos ciudadanos canadienses hayan vivido tanto tiempo en Trujillo, manejando una propiedad de tamaño mediano, con un pequeño negocio que apenas les dejaba para mantener la propiedad y para vivir de manera modesta y al final tuvieran que salir huyendo de Trujillo al ser amenazados por una pacotilla de delincuentes que gozan de la impunidad por la desidia de la Policía y de la Secretaría de Seguridad?
¿Cómo es posible que la Policía de Trujillo no se percatara de la situación de los ciudadanos canadienses que venían sufriendo amenazas desde hace algun tiempo por los delincuentes, lo que ameritaba una inspección para anticiparse y capturar a los antisociales? ¿O es que la Policía de Trujillo se hizo de la vista gorda en este caso que hoy deja mal parado al Gobierno de Xiomara Castro y en mal predicado a Honduras, como un país inhóspito que está en manos de salvajes, que descalifican y suplantan a las autoridades, para colocar a nuestro país en el mapa donde impera el salvajismo, donde no vale la pena invertir y donde no hay que venir porque la vida de las personas está en constante peligro?
El caso de Trujillo: ¿es el peor mensaje enviado por el Gobierno de Xiomara Castro a turistas e inversionistas extranjeros? La denuncia que han llevado al mundo los canadienses es que en Honduras no se respeta la propiedad privada y la vida está en constante peligro al no haber garantía de la Policía ante una inexistente Secretaría de Seguridad.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 13 de octubre de 2025.